La Justicia ordenó la captura de los titulares del Grupo del Sud y de otros dos implicados en una red de engaños con terrenos no habilitados. La causa se suma a la investigación por presunto fraude que tiene bajo la lupa al exintendente Julio Garro.
La Justicia penal de La Plata avanzó de forma determinante en la investigación por estafas masivas vinculadas con la comercialización de loteos clandestinos en el distrito. La jueza de Garantías Marcela Garmendia, a requerimiento del fiscal Juan Menucci de la UFI N° 5, libró órdenes de detención contra cuatro personas imputadas de montar desarrollos urbanísticos truchos para defraudar a compradores de buena fe. En los operativos policiales fue arrestada Milena del Sol Dell’Aqua, mientras que permanecen en condición de prófugos el empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, Eugenia Martínez y Nadia Antonella Lima, sobre quienes pesa una orden de captura activa y secuestro de sus dispositivos electrónicos.
El expediente penal imputa a los acusados haber operado de manera coordinada desde desarrolladoras, inmobiliarias y escribanías para engañar a familias que buscaban acceder al sueño de la vivienda propia. Según los términos del fallo judicial, los involucrados vendían supuestos lotes que en realidad eran porcentajes indivisos sobre parcelas rurales imposibles de subdividir o escriturar. En la distribución de responsabilidades penales, Lima aparece como coautora de ocho hechos de estafa; Vila Basualdo y Martínez están señalados en diez episodios —sumando esta última la imputación por uso de documento público falso—; mientras que Dell’Aqua fue considerada partícipe necesaria en seis maniobras fraudulentas, todas bajo el marco de los artículos 55, 172, 292 y 296 del Código Penal.
La problemática de los fraccionamientos irregulares abarca un universo de enorme gravedad urbanística y jurídica en la capital bonaerense. De acuerdo con los relevamientos de la gestión municipal de Julio Alak, existen cerca de 450 loteos ilegales que comprometen más de 3.380 hectáreas, donde ya se levantaron cerca de 7.000 viviendas y se proyectaban más de 32.800 parcelas sin la debida aptitud técnica ni legal. Esta proliferación descontrolada sobre el cinturón verde productivo impulsó una serie de medidas de fondo por parte de la Secretaría de Justicia comunal, alertando que la venta de porciones de macizos rurales sin servicios ni factibilidad hídrica constituye un delito flagrante de desobediencia y estafa contra la comunidad.
La pesquisa judicial tiene además una derivación institucional de alto voltaje que apunta directamente contra la gestión municipal anterior. En una causa conexa por presunto fraude a la administración pública y asociación ilícita, la Justicia ordenó recientemente el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del exjefe comunal Julio César Garro y de varios de sus colaboradores de primera línea, entre ellos María José Botta, Luis Barbier, Leandro Ronga y Augusto Sciarretta. Los cruces de información patrimonial con registros de la propiedad, organismos impositivos y entidades financieras buscan determinar si existió connivencia estatal para habilitar o tolerar los negocios inmobiliarios ilegales que dejaron a miles de platenses en un escenario de total desamparo legal.
