La jefa de la bancada oficialista en el Senado admitió que la Casa Rosada ocultó las reformas regresivas enviadas en el Presupuesto 2027 y confesó sentirse humillada y expuesta como una cómplice del ajuste.
El frente interno de La Libertad Avanza acaba de sufrir una implosión de consecuencias políticas demoledoras. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, disparó con munición gruesa contra la mesa chica de Javier Milei al denunciar públicamente que fue marginada y engañada respecto a las brutales modificaciones al régimen de discapacidad introducidas de contrabando en el proyecto de Presupuesto 2027.
La revelación no solo desnudó la incomunicación crónica y el autoritarismo que impera en los pasillos de Balcarce 50, sino que puso en evidencia cómo el propio oficialismo apela a la clandestinidad para imponer un ajuste inhumano que hasta sus principales espadas legislativas consideran indefendible ante la sociedad.
En declaraciones radiales que sacudieron al mundillo político, Bullrich ventiló sin filtros el malestar que corroe al oficialismo, admitiendo que las medidas de desguace social jamás se discutieron en la mesa de coordinación política. La senadora advirtió que la maniobra la deja en una posición humillante frente a sus pares en el Congreso, donde queda expuesta como una farsante o directamente como una ingenua ante la falta deliberada de información.
Que la propia líder parlamentaria del oficialismo reconozca haber sido sorprendida por un paquete normativo de semejante calibre confirma que el Ejecutivo nacional funciona como una trinchera aislada, dominada por la prepotencia y dispuesta a sabotear los acuerdos de consenso que ya se venían articulando en Diputados.
La controversia no es meramente un choque de egos, sino el reflejo del contenido atroz que el Gobierno intentó camuflar entre las planillas de gastos. Entre los artículos 36 y 41 del proyecto, la motosierra libertaria descarga un castigo sin precedentes contra miles de familias: reemplaza la pensión social por un régimen restrictivo de invalidez laboral atado apenas al setenta por ciento del haber jubilatorio mínimo, al tiempo que fulmina la compatibilidad con el trabajo formal y el monotributo. Al derogar garantías elementales consagradas en las leyes de prestaciones básicas y de emergencia nacional, la iniciativa arrebata la cobertura médica obligatoria, liquida el nomenclador arancelario universal y empuja a la desprotección total a quienes logran insertarse en el mercado laboral abierto.
El desmarque de Bullrich deja al descubierto una gestión presidencial que se devora a sí misma mientras profundiza la crueldad sobre los sectores que más protección necesitan. Cuando la principal operadora del Gobierno en la Cámara alta debe advertir que esperará a ver qué versión del proyecto sobrevive ante el clima incendiario que se respira en el Parlamento, el pretendido liderazgo de Javier Milei queda reducido a un peligroso ejercicio de desidia y desorden institucional.
La Casa Rosada ya no solo encuentra resistencia en las calles y en la oposición, sino que su propio armado se resquebraja ante la evidencia de que el plan económico solo puede sostenerse mediante el engaño, la exclusión de los más desamparados y la destrucción planificada del Estado.
