Aseguran que la purga responde a sospechas infundadas de filtraciones y acusaron a la gestión libertaria de cortar el hilo por lo más delgado.

La decisión del Gobierno nacional de desplazar al personal civil que prestaba servicios en la Quinta de Olivos abrió un nuevo foco de conflicto gremial en el corazón del poder político. Los trabajadores afectados salieron al cruce de las resoluciones oficiales y desmintieron las justificaciones técnicas difundidas desde Balcarce 50. Lejos de avalar el traspaso de funciones hacia la Casa Militar como una simple medida de eficiencia operativa, los empleados denunciaron una persecución arbitraria destinada a castigar a trabajadores históricos para tapar las tensiones internas y los desmanejos de la propia administración.

A través de la secretaria adjunta de ATE Presidencia, María Eugenia Trigo, el gremio detalló el impacto real de las cesantías, confirmando diez bajas efectivas y el traslado compulsivo de trabajadores de planta que elevará la cifra de damnificados a cerca de cincuenta agentes públicos. La representante sindical subrayó la singularidad de este procedimiento: a diferencia de la política habitual de esperar el vencimiento de los convenios, las autoridades optaron por la rescisión inmediata de contratos vigentes, replicando una dinámica de hostilidad y restricciones similar a la que meses atrás afectó a los trabajadores de prensa en la Casa Rosada.

El mayor reclamo de los empleados apunta al intento oficial de responsabilizarlos por la divulgación de asuntos domésticos y gastos de la residencia. Los testimonios gremiales recordaron que se trata de personal con décadas de trayectoria bajo gestiones de distinto color partidario, con sueldos que apenas cubren lo básico, y calificaron de injusto que se los acuse encubiertamente de filtrar compras millonarias de carne o situaciones vinculadas a las mascotas presidenciales. Frente a la militarización del predio dispuesta por el Ejecutivo, los trabajadores sostienen que el Gobierno apela a culpar a quienes no tienen poder de decisión para justificar despidos injustificados y el avance del ajuste en las áreas más sensibles del Estado.