Mientras la motosierra de Javier Milei desmantela áreas clave y despide miles de trabajadores con el argumento de que no hay plata, la Casa Rosada financia escandalosos retiros de privilegio para sus propios cuadros.
La mentira libertaria del combate contra los privilegios estatales acaba de sumar un nuevo capítulo de impunidad que desmorona por completo la narrativa oficial. Mientras el presidente pregona un ajuste implacable que deja en la calle a empleados de base, recorta medicamentos a jubilados y pulveriza las partidas de la educación pública, los pasillos de Balcarce 50 albergan maniobras espurias a medida de los funcionarios afines. La escandalosa operatoria montada alrededor de Daniel Alfredo Neira, un exjerárquico que cobró una indemnización sideral de 110 millones de pesos de las arcas públicas apenas unas horas antes de ser reubicado en otra dependencia estatal, expone el cinismo de una gestión que utiliza el dinero de los contribuyentes como botín de acomodo interno.
El mecanismo de la maniobra resulta grosero y roza la estafa a la administración pública. Neira, quien se desempeñaba desde 2012 como subdirector de Contabilidad y Finanzas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), acordó una salida dorada con cifras astronómicas: embolsó 73 millones de pesos en concepto de antigüedad, 24 millones por supuestas vacaciones no gozadas y otros 9 millones por preaviso. Sin embargo, lejos de tratarse de una desvinculación definitiva de la estructura estatal para achicar el gasto, al día siguiente de concretar su retiro voluntario ya tenía reservado un cargo gerencial dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. En lugar de cursar la renuncia que correspondía por ética y normativa básica al asumir una nueva función pública, el funcionario orquestó una salida que le garantizó un botín millonario a expensas de la sociedad.
La premeditación del caso deja en evidencia una red de complicidades de altísimo nivel dentro de la propia cúpula gubernamental. Las gestiones administrativas para incorporarlo a su nuevo puesto arrancaron el 1 de julio, casi un mes antes de que se formalizara su nombramiento. El calendario de la impunidad se completó con precisión quirúrgica: el 28 de julio se le autorizó la liquidación millonaria, el 31 de julio se firmó su desvinculación formal del Enacom y el 1 de agosto ya figuraba en funciones dentro del organismo agropecuario. Fuentes del propio sector estatal reconocen que semejante beneficio resulta imposible de obtener sin la venia directa de figuras muy pesadas del poder central, señalando que la operación desborda irregularidades que jamás habrían sorteado los publicitados controles del Ministerio de Desregulación si existiera una voluntad real de cuidar el erario público.
Este escándalo demuele el discurso fundacional de La Libertad Avanza y deja al descubierto la verdadera naturaleza de su administración: mano dura y miseria para la sociedad civil, pero impunidad y billetera abierta para los amigos del poder. Resulta insostenible que Javier Milei justifique el desguace del Estado alegando un déficit cero incuestionable mientras sus ministerios habilitan indemnizaciones de privilegio que terminan funcionando como premios encubiertos para reacomodar funcionarios en áreas estratégicas. La recontratación de Neira con 110 millones de pesos en el bolsillo sintetiza la hipocresía de una gestión que no vino a terminar con los vicios de la casta, sino a perfeccionarlos bajo un nuevo relato mientras el país asiste al despilfarro más descarado de sus recursos.
