Detrás del delirio por un presunto intento de envenenamiento canino, se esconde la furia por la filtración de compras de carne por 500 millones de pesos y una red de contrataciones truchas que salpica de lleno a Karina Milei.
La Quinta Presidencial de Olivos se ha transformado en el escenario de una degradación institucional sin precedentes, donde los caprichos personales, los delirios persecutorios y los manejos turbios del erario público conviven con la máxima investidura del país. En un arranque de furia descontrolada, Javier Milei ordenó la expulsión masiva del personal civil que prestaba servicios en la residencia desde hacía décadas.
Para tapar la crisis, el Gobierno intentó maquillar la purga alegando supuestos reordenamientos de seguridad, pero la realidad puertas adentro desnuda un cuadro de descomposición alarmante: despidos arbitrarios, paranoia por la intoxicación de uno de sus mastines que el líder libertario interpretó como un complot de envenenamiento y el desembarco insólito de efectivos de las Fuerzas Armadas para cumplir tareas de mozos y cocineros de la Casa Militar.
El detonante que desató la ira en Balcarce 50 fue la filtración a la opinión pública de una compra desorbitante de veintinueve toneladas de carne vacuna por más de 500 millones de pesos, destinada al consumo exclusivo del jefe de Estado y su entorno selecto. El escándalo no solo echó por tierra el relato de austeridad de una administración que le niega alimentos a los comedores comunitarios, sino que encendió una cacería de brujas inmediata contra los trabajadores. Doce empleados fueron cesanteados en el acto, dejando apenas en funciones al electricista y a cuatro operarios aislados que hoy viven aterrados ante la inminencia de perder sus puestos.
Para colmo, los reemplazos confirmaron la deriva más bizarra del oficialismo: la cocina presidencial quedó formalmente en manos de un teniente en funciones, un despropósito operativo que preocupa profundamente a los propios cuadros castrenses por la desnaturalización de su rol constitucional.
La psicosis en Olivos se profundizó tras la atención de urgencia de uno de los perros clonados del mandatario en la guardia veterinaria exclusiva montada con fondos estatales dentro del predio. Convencido de que se trataba de una conspiración en su contra, Milei ordenó barrer incluso con el jardinero que oficiaba de intendente de la residencia, destapando una olla podrida que apunta de manera directa contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El episodio sacó a la luz los privilegios de su mano derecha, la influencer Belén Agudiez, quien duplicó el presupuesto de la Secretaría General de Planificación para acomodar a su círculo íntimo: contrató a primos sin experiencia comprobable, a su hermana, a su madre y hasta a su cuñado, convirtiendo los jardines y quinchos presidenciales en una sede para festejos y asados privados que terminaron por enfurecer al Presidente ante la invasión de su intimidad.
La trama de favoritismos familiares escaló a los estrados institucionales tras la denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano, quien expuso un negocio a medida de 700 millones de pesos orquestado por Karina Milei para el mantenimiento y riego de los espacios verdes oficiales. La licitación estuvo groseramente direccionada a favor de dos empresas pantalla que pertenecen al mismo operador económico, Franco Castelli, vinculado familiarmente a los clanes del poder libertario y previamente objetado por maniobras anticompetitivas.
Mientras el personal gastronómico renunciaba exhausto por las exigencias nocturnas y los desplantes presidenciales por el punto de cocción de sus platos a la madrugada, la cúpula gubernamental utilizaba la residencia como un coto cerrado de negocios turbios e impunidad. Lejos de resolver los problemas de una sociedad agobiada por el ajuste, Milei gobierna encerrado en sus propias obsesiones, rodeado de militares a los que degrada a servidumbre doméstica y encubriendo a una casta íntima que medra a la sombra del poder.
