Frente al colapso financiero de las familias en billeteras virtuales y bancos, la gestión provincial avanza con la Defensoría del Pueblo para negociar deudas colectivas y frenar los abusos de los acreedores.
El gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof encendió las máximas alarmas frente a la dramática espiral de endeudamiento que asfixia a los hogares del distrito más poblado del país. A través de un detallado informe técnico, el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, reveló que más del 10% de los bonaerenses se encuentra formalmente en situación de mora crediticia, convirtiéndose en el epicentro de un fenómeno que ya golpea a seis millones de personas en todo el territorio nacional.
La administración provincial responsabilizó de manera directa al ajuste macroeconómico del Gobierno nacional por pulverizar los salarios reales, obligando a los trabajadores a financiar consumos cotidianos y comida con herramientas de crédito usurarias que hoy resultan imposibles de pagar. El diagnóstico presentado por la cartera económica bonaerense expone la magnitud del deterioro social y productivo en la provincia.
Por su volumen demográfico y la concentración industrial, Buenos Aires agrupa al 38% del total de personas morosas de la Argentina, con un índice de irregularidad general que ronda el 18% de las carteras crediticias. El escenario adquiere ribetes críticos en el segmento de las billeteras virtuales, las fintechs y los emisores de tarjetas no bancarias: en ese canal desregulado, la mora trepa a un alarmante 32,5% del saldo adeudado y abarca a más de siete de cada diez personas que cayeron en la cesación de pagos, castigando con especial ferocidad a los sectores más vulnerables de la población.
Frente a la postura de la Casa Rosada, que cataloga la crisis crediticia como una mera controversia contractual entre partes privadas, López cruzó la narrativa libertaria apoyándose en un estudio de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. El ministro remarcó que se trata de un drama social con severos riesgos sistémicos que ya amenaza el funcionamiento del propio sistema bancario tradicional, donde la mora tocó un récord preliminar del 12,9% en julio.
El documento del banco público constató que en el acumulado de los últimos dos años las entidades financieras perdieron por cargos de incobrabilidad la misma cifra colosal que generaron en concepto de intereses netos: más de dieciséis billones de pesos que reflejan la ruptura de la cadena de pagos provocada por la licuación de ingresos. Ante este panorama asfixiante, el gobierno de Kicillof decidió no cruzarse de brazos y comenzó a articular una respuesta institucional para contener a las familias endeudadas.
En una estrategia conjunta que involucra al bloque legislativo conducido por el diputado Facundo Tignanelli y a la Defensoría del Pueblo que encabeza Guido Lorenzino, la Provincia busca intervenir directamente en el conflicto como mediador estatal. El objetivo de la iniciativa es unificar la representación de los afectados para llevar adelante negociaciones colectivas con bancos, empresas financieras y plataformas digitales bajo el amparo de la Ley de Defensa del Consumidor, equilibrando la correlación de fuerzas frente a los acreedores y garantizando que el Estado bonaerense ofrezca un escudo protector frente al desamparo social generado por el modelo nacional.
