El fiscal de Casación desistió de la apelación en la causa por el crédito récord de 57.100 millones de dólares y dejó al borde del archivo la investigación.

La reconfiguración de los tribunales de Comodoro Py al servicio del proyecto de Javier Milei acaba de asestar un golpe demoledor contra la causa judicial más trascendente en materia económica de las últimas décadas. En un polémico dictamen, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, decidió desistir del recurso de apelación que mantenía con vida la investigación penal por el endeudamiento récord con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.100.000.000 dólares. Al retirar el impulso acusatorio del Ministerio Público Fiscal, el funcionario judicial allanó el camino directo hacia el sobreseimiento y archivo definitivo de un expediente que compromete el patrimonio de generaciones enteras.

La maniobra consolida una flagrante garantía de impunidad para las máximas figuras del gabinete económico libertario que figuraban formalmente imputadas en el expediente penal. Entre los principales beneficiarios directos del carpetazo judicial sobresalen el actual ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. A esta nómina de funcionarios protegidos por la Casa Rosada se acoplan el expresidente Mauricio Macri y su exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quienes junto a Caputo y Sturzenegger ejecutaron roles clave al mando del BCRA durante la firma del ruinoso empréstito en el año 2018.

Desde el punto de vista formal, el dictamen de Pleé argumentó que la decisión de contraer la deuda más alta en la historia del organismo multilateral constituye una simple cuestión política no judiciable. Pese a la abrumadora cantidad de irregularidades constatadas, el fiscal afirmó haber evaluado el caudal probatorio y determinó que “no se ha infringido norma penal alguna, de modo que no corresponde continuar con el trámite de las actuaciones”. Con este pronunciamiento, el representante del Ministerio Público dinamitó de forma unilateral la sólida instrucción desarrollada por el fiscal federal Franco Picardi y desautorizó el recurso que había sostenido en la instancia previa el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe.

Pleé salió en auxilio de los magistrados alineados con el macrismo que hoy operan en perfecta sintonía con la administración de Milei para consagrar el olvido penal de un perjuicio económico inconmensurable. La definición final del expediente quedó ahora en manos de la Sala IV del máximo tribunal penal de la Nación, integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Salvo que el tribunal decida contemplar el reclamo de algún ciudadano que procuró presentarse en el rol de parte querellante, el proceso judicial se encamina hacia su definitiva clausura.

El perfil de Pleé desnuda los lazos orgánicos que unen al funcionariado judicial con el poder de turno en los pasillos de Retiro. El histórico fiscal integró la nómina de magistrados que frecuentaban al expresidente Macri en la Quinta Presidencial de Olivos, registrándose una coincidencia de visita el 23 de marzo de 2018 junto al entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Asimismo, Pleé desempeñó un papel bisagra para reabrir la denuncia formulada por el fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán y operó para respaldar el accionar del fiscal Carlos Stornelli en el expediente Cuadernos, bloqueando inclusive la orden de Casación que demandaba las inexistentes filmaciones de los arrepentidos.

El fiscal también había empujado la reapertura de la causa por las operaciones de “dólar futuro” hasta los estrados de la Corte Suprema, donde finalmente fue rechazada por tratarse de decisiones propias de la política económica gubernamental. En un evidente doble estándar jurídico, Pleé aplicó ahora esa misma doctrina para blindar el acuerdo con el FMI al sostener que “los hechos que no se ha logrado identificar con una hipótesis delictiva se refieren a la elección de un modelo de régimen macroeconómico”.

La investigación instruida con minuciosidad por Picardi desglosó dos núcleos delictivos fundamentales: el procedimiento fraudulento adoptado para concertar el crédito y el destino ruinoso que se le dio a la masa de divisas ingresadas. El fiscal acreditó que se contrajo a sabiendas una deuda insostenible por 57.100 millones de dólares eludiendo los mecanismos de la Constitución Nacional y violando las normas administrativas sobre crédito público para sortear controles republicanos. La pesquisa comprobó que la gestión de Cambiemos apeló a fundamentos engañosos sobre la baja de la inflación y la reducción de la pobreza, prescindiendo del informe técnico del Banco Central sobre balanza de pagos, omitiendo el decreto del Poder Ejecutivo e ignorando por completo la intervención de la Jefatura de Gabinete y del Congreso.

En cuanto al manejo de los fondos, el fiscal instructor acreditó que los acusados administraron los recursos de forma discrecional para solventar un descomunal proceso de fuga de capitales que enriqueció a grupos económicos concentrados en abierta lesión a las arcas fiscales. El dictamen fiscal original imputó la presunta obtención de beneficios económicos indebidos para los funcionarios o para fondos de inversión allegados, mediante la utilización de información privilegiada incompatible con los deberes públicos. La acusación recogía las advertencias de la Auditoría General de la Nación (AGN) y las conclusiones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo de control que tasó el daño directo provocado al Estado en un piso mínimo de 29.618 millones de dólares.

El dictamen de Pleé esquivó deliberadamente evaluar el informe técnico de la SIGEN y desmereció los hallazgos de la AGN reparando únicamente en las discrepancias internas de sus auditores. El informe de la Auditoría había sacado a la luz que la operación crediticia careció de un expediente administrativo originario, confeccionándose la documentación con posterioridad para simular una legalidad inexistente. Dicha maniobra se constató al comprobar que el acuerdo formal se rubricó el 20 de junio de 2018, mientras que el expediente interno de la cartera de Hacienda recién se inició al día siguiente.

El engranaje de encubrimiento estatal se aceleró a principios de este año cuando la administración de Javier Milei resolvió retirar al Estado nacional de su condición de querellante en el expediente, argumentando que se trataba de actos no judiciables. Esta deserción sincronizada habilitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti a dictar el archivo formal de la causa penal, medida que fue apelada de inmediato por Picardi.

A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal convalidó el fallo de Capuchetti en un contexto institucional viciado tras las designaciones de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Bertuzzi, quien ocupaba dicho cargo de manera provisoria por un traslado dispuesto por Macri en 2018, fue confirmado definitivamente por Milei tras ascender 21 posiciones en el concurso correspondiente, mientras que Yadarola escaló 17 lugares. Pese a que Yadarola se encontraba en uso de licencia médica al momento del acuerdo, la resolución fue refrendada por los jueces Mariano Llorens y el propio Bertuzzi.

Aunque el fiscal de Cámara Agüero Iturbe solicitó anular la confirmación del archivo por arbitraria, la intervención de Pleé terminó por congelar el avance de la acción penal. “Era claro que los tribunales intervinientes habían considerado que las pruebas desarrolladas no bastaban para otorgarle el grado de verosimilitud requerido para el avance de las actuaciones”, aseveró Pleé en su escrito, reprochando insólitamente a sus pares por no haber detallado medidas pendientes para esclarecer el fraude.

El fiscal de Casación concluyó que no halló indicios sobre la utilización de información reservada ni sobre la nómina de beneficiarios directos de la fuga financiera provocada con el dinero del préstamo. “No encuentro fundamentos para sostener que la investigación sobre los hechos del caso se encontrara incompleta ni que haya sido clausurada de manera prematura”, completó Pleé en un dictamen que convalida la doctrina de impunidad financiera. Con la complicidad judicial activa y la retirada explícita del gobierno de Milei, el saqueo de la deuda externa avanza hacia un cierre escandaloso que consagra la desprotección absoluta de la soberanía nacional frente a las corporaciones financieras.