Una maniobra judicial suspendió la sanción pecuniaria contra el jefe de Gabinete por desobedecer la ley de financiamiento. Uno de los camaristas firmantes integró la comitiva oficial de Milei en París mientras reprimen las protestas en las calles.
En medio de una creciente tensión institucional, Javier Milei se tomó un respiro durante su estadía en los Estados Unidos para replicar en redes sociales un mensaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, donde celebraban un fallo a la medida del oficialismo. El festejo de la Casa Rosada estalló tras conocerse que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal apeló a una cuestionada estratagema para dejar en suspenso las astreintes impuestas por el juez federal Martín Cormick contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Esta maniobra de blindaje judicial se consumó mientras la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ordenaba un desmedido y violento operativo represivo en las calles porteñas contra los docentes, no docentes y estudiantes que marchaban en defensa de las casas de altos estudios públicas.
El litigio en los tribunales pone de manifiesto la intransigencia y la resistencia sistemática del Poder Ejecutivo para acatar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). La normativa había sido votada por el Congreso en agosto pasado y, tras el posterior veto presidencial de octubre, ambas cámaras legislativas insistieron con el texto original como manda la Constitución Nacional. Sin embargo, Milei se negó a promulgarla de manera efectiva y emitió el decreto 759/2025, disponiendo de forma unilateral no cumplir con lo sancionado hasta tanto no se detallaran de manera explícita las partidas presupuestarias requeridas.
Frente a este avasallamiento institucional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acudió a la Justicia para impugnar el decreto presidencial y exigir una medida cautelar urgente orientada a garantizar dos puntos críticos: la actualización salarial docente y el refuerzo de las becas estudiantiles. La causa tramitó en dos carriles paralelos, separando la medida precautoria de la discusión de fondo en torno a la inconstitucionalidad de la norma firmada por el Presidente. El 23 de diciembre, el juez Cormick dio lugar a la cautelar ordenando los pagos inmediatos, pronunciamiento que fue ratificado en marzo por la Cámara del fuero y que adquirió carácter definitivo el pasado 25 de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia desestimó todos los recursos extraordinarios interpuestos por los letrados del Ejecutivo.
En relación con el fondo de la controversia, Cormick dictaminó el 6 de octubre la inconstitucionalidad manifiesta del decreto 759/2025 al subrayar que Milei utilizó un atajo no previsto por la Carta Magna para desconocer una ley de la Nación. Aunque el Gobierno apeló esa resolución sustancial y el magistrado concedió el recurso el viernes pasado, la Justicia dejó taxativamente asentado que la ejecución de la medida cautelar debía continuar sin interrupciones. En ese marco, el juzgado libró dos intimaciones formales al Poder Ejecutivo con fechas 22 y 30 de septiembre, exigiendo actualizar los sueldos y estipendios en un plazo perentorio de cinco días bajo apercibimiento explícito de aplicar astreintes pecuniarias.
Ante el persistente desacato certificado por las presentaciones del CIN, Cormick efectivizó el miércoles la multa económica contra la persona de Diego Santilli por su constante resistencia a someterse al orden legal. El oficialismo reaccionó estigmatizando al titular del juzgado como un “juez K” y anticipó que apelaría la penalidad para evitar que el jefe de ministros deba desembolsar de su bolsillo los 100 mil pesos diarios por cada jornada de desobediencia. Fue en ese momento cuando la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal entró en auxilio del Gobierno, desempolvando una vieja queja presentada por el Estado con anterioridad a la sanción de las astreintes para paralizar absolutamente todo.
Los magistrados de la alzada sostuvieron formalmente que la apelación de la recurrente era procedente dado el alcance de lo decidido y la posibilidad de causarle a la demandada un gravamen de carácter irreparable. El Gobierno había recurrido en queja argumentando que Cormick no debió negar la apelación a las intimaciones previas, alegando de manera insólita desconocer el monto exacto del incumplimiento incurrido para denunciar una supuesta lesión a su derecho de defensa. Para maquillar el severo desfinanciamiento docente, los funcionarios de Milei afirmaron en el expediente que los salarios universitarios registraron una suba acumulada del 226,80 por ciento entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, ubicándose presuntamente por encima de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin pronunciarse directamente sobre el fondo ni convalidar los argumentos, la Cámara optó por freezar la resolución de primera instancia, emulando la misma táctica dilatoria adoptada recientemente por la Cámara del Trabajo para paralizar la cautelar que frenaba la reforma laboral regresiva del oficialismo. La resolución que rescató a Santilli del pago de la sanción económica lleva las firmas de los camaristas Sergio Fernández, Jorge Morán y José Luis López Castañeira. La polémica en torno a Fernández es total en los pasillos de Comodoro Py y Tribunales: el magistrado acaba de regresar al país luego de haber compartido el viaje oficial por Francia nada menos que junto a Milei, siendo uno de los tres camaristas seleccionados por Balcarce 50 para viajar a París y ofrecer supuestas garantías de seguridad jurídica a inversores extranjeros.
