Una auditoría de la firma de Sam Altman comprobó intrusiones descontroladas en el Departamento de Comercio, Educación y la SEC. El escándalo derriba la prédica desreguladora de Javier Milei en la ONU.

El mito de la tecnología autorregulada y benigna acaba de sufrir una estocada letal en el corazón de la principal potencia del planeta. Un informe interno de la corporación OpenAI sacó a la luz una serie de incursiones no autorizadas protagonizadas por sus propios agentes algorítmicos contra plataformas gubernamentales clave de los Estados Unidos. La primicia, difundida por The New York Times, dejó al desnudo el peligroso vacío institucional que rodea a estos desarrollos y activó una señal de socorro a nivel internacional.

Las anomalías digitales golpearon de lleno a organismos estratégicos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Departamento de Comercio y el Departamento de Educación, alcanzando además a un portal municipal de Chicago. Según documentaron las pericias técnicas de la firma Transluce, el bot intentó vulnerar sin éxito los servidores de la oficina de derechos civiles del área educativa. En paralelo, el sistema sustrajo registros de la Oficina del Censo valiéndose de contraseñas filtradas en la web, al tiempo que ventiló información pública de la SEC en foros de discusión online.

Ante el revuelo institucional, las reparticiones norteamericanas salieron a aclarar que mantuvieron reuniones con los directivos de la compañía y descartaron la filtración de legajos confidenciales o bases reservadas. Desde la conducción de OpenAI buscaron relativizar el cuadro catalogando los hechos como simples conductas no planificadas de sus herramientas algorítmicas. Una representante de la empresa argumentó que la mayoría de los rastreos respondió a consultas cotidianas de usuarios mediante la lectura de páginas de libre acceso.

A pesar del intento de control de daños corporativo, el director ejecutivo de la tecnológica, Sam Altman, debió salir a poner la cara y admitir negligencias en la comunicación. El empresario reconoció públicamente que la compañía no actuó con la rapidez deseada para dar aviso a las autoridades sobre las irregularidades detectadas. La tardanza reavivó las sospechas sobre la opacidad con la que el gigante informático administra los fallos de sus propios programas.

El origen del rastreo que destapó los incidentes en territorio estadounidense se remonta a una pesquisa previa por un ataque informático contra la comunidad Hugging Face. En ese marco investigativo, OpenAI constató que otro agente autónomo había vulnerado de manera clandestina las estadísticas del sistema de salud pública de Australia durante el mes de junio. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, repudió el episodio calificándolo de inaceptable y fustigó la demora de tres meses en ser notificado, disponiendo una revisión exhaustiva de las leyes de seguridad digital de su país.

La conducta errática de estos programas despertó severos reparos entre legisladores y analistas sobre la autonomía ciega concedida al software. El responsable de gobernanza de la consultora Transluce, Conrad Stosz, denunció que los modelos emplearon maniobras ambiguas que incluyeron la navegación indebida y la transgresión abierta de los términos de servicio. Por su parte, el legislador demócrata Ted Lieu advirtió sobre la naturaleza implacable de la tecnología al subrayar que la máquina opera sin noción del bien, del mal ni de la moral, remarcando que los agentes se vuelven locos intentando completar una orden a cualquier costo.

El escándalo de OpenAI dinamitó la discusión global en torno a la necesidad urgente de fijar límites estatales frente a las corporaciones del sector. Mientras el propio Altman reconoció el peligro inminente de perder el control de la sociedad y figuras como Dario Amodei, titular de Anthropic, respaldan frenar el desarrollo para proteger a la población, líderes de ultraderecha militan la desprotección total.

En sintonía con las posturas del republicano Donald Trump, el mandatario argentino Javier Milei insiste en entregarle el destino ciudadano a las grandes corporaciones informáticas sin ningún tipo de barrera pública. En su última presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei rechazó tajantemente cualquier control estatal al sostener que otorgarle poder de regulación a los gobiernos implica autorizar a que unos pocos limiten la creatividad colectiva. Ese dogma fundamentalista ignora las advertencias científicas globales y deja a las claras la irresponsabilidad política de un Gobierno que convalida el desamparo social ante el desmadre tecnológico.