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octubre 15, 2026

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El vocero Ravier pidió censurar el ajuste universitario: “La gente se enoja”

Por infolitica

En una insólita conferencia, el funcionario rogó a los medios que oculten el desfinanciamiento y el desacato judicial de Javier Milei.

La desesperación de la Casa Rosada frente al descontento popular por el vaciamiento educativo cruzó un nuevo límite ético y discursivo. En una insólita conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier sumó otra frase bochornosa a su colección al pedirle abiertamente al periodismo que oculte el ajuste universitario porque “la gente se enoja”. El funcionario libertario intentó deslegitimar la Marcha Federal Universitaria convocada para este jueves y negó de manera descarada que la administración de Javier Milei esté incumpliendo la Ley de Financiamiento ratificada por el Congreso de la Nación y avalada por la Justicia.

“No es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley, es una ley que está interrumpida y hay un fallo judicial”, argumentó Ravier en una pirueta verbal insostenible. El portavoz omitió deliberadamente que la resolución judicial ordena de forma taxativa al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato los fondos presupuestarios previstos en la normativa vigente. Lejos de acatar la orden de los tribunales, el vocero responsabilizó a la prensa por instalar el debate sobre la asfixia a las casas de altos estudios y rogó una complicidad mediática para silenciar el desguace oficial.

“Pedimos también nos den una mano desde el periodismo, porque si desde el periodismo se le dice a la gente que este Gobierno está en contra de las universidades públicas, que las van a cerrar, que no le vamos a dar el financiamiento que marca la ley, que estamos incumpliendo la ley, la gente se enoja”, sostuvo Ravier sin sonrojarse. El ruego por “una mano” de los cronistas resulta sumamente grotesco y contradictorio en una gestión encabezada por el presidente que más hostilidad ha manifestado históricamente contra la prensa. Milei suele confeccionar un índice de periodistas que odia, el cual quedó ubicado en un 95% tras haber tocado un récord del 96,7%, mientras ataca a diario a los profesionales de la comunicación con insultos denigrantes como “mierda humana mal cagada” y “soretes”.

En ese clima de agresión sistemática, el portavoz adoptó una postura condescendiente para intentar correr el foco de la quita presupuestaria y desviar la atención hacia la herencia recibida. “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación? ¿Por qué no estamos poniendo en la mesa realmente lo que tenemos que hacer en materia educativa para poder recuperar la educación?”, continuó Ravier, aconsejándole cínicamente a la comunidad académica que se preocupe “por lo que ha hecho el kirchnerismo con la educación”.

“Tenemos que cambiar el debate, cambiar el foco. No es siempre una discusión económica de presupuesto, hay mucho más para discutir y creo que hay una responsabilidad enorme en las provincias por mejorar las políticas educativas. Las provincias miran para otro lado, no veo a los gobernadores preocupados por mejorar la exigencia, por mejorar la formación de los docentes”, disparó el vocero para trasladar el conflicto a los distritos del interior. En su afán por blindar la gestión libertaria, Ravier insistió con su reclamo a las empresas periodísticas: “No sigamos pensando que la culpa es de un gobierno neoliberal que corta los recursos para las universidades porque las quiere cerrar. Es todo un mito, un enorme mito y les pedimos a los medios de comunicación que realmente trabajen para concientizar a la gente de que la batalla es otra”.

Sin embargo, las maniobras comunicacionales del vocero chocan de frente con los tribunales y con la creciente resistencia social. Este miércoles, el dirigente Gabriel Solano radicó una denuncia penal contra Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por desobedecer de manera flagrante la medida cautelar que obliga a ejecutar la ley de financiamiento. El exlegislador porteño solicitó formalmente a la Justicia que se investigue al Presidente y a su ministro por los presuntos delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, dejando al Gobierno contra las cuerdas ante una jornada de protesta que promete ser multitudinaria.

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