El ministro de Economía reconoció que el Gobierno había advertido el problema antes de que la morosidad se disparara, pero insiste en dejar la solución en manos de los bancos.

La escena expone una de las contradicciones más preocupantes del modelo económico de Javier Milei: el equipo de Luis Caputo asegura haber anticipado el deterioro del crédito de los hogares, pero cuando la morosidad se convirtió en un problema concreto decidió mirar desde afuera.

Cerca de cinco millones de personas tienen algún tipo de mora y las tasas de algunas fintech llegan a niveles exorbitantes. Para el ministro, sin embargo, el Estado debe mantener distancia porque se trata de un asunto “entre privados”.

Caputo sabía lo que podía pasar y esperó que lo resolviera el mercado

El propio ministro contó que Economía se reunía con los bancos antes de que la situación se agravara porque ya advertía que prestar a tasas del 5% u 8% mensual mientras los salarios crecían apenas entre 2% y 2,5% podía terminar mal.

La predicción se cumplió. Familias que habían recurrido al crédito para sostener sus gastos quedaron enfrentadas a cuotas cada vez más difíciles de pagar, mientras el Gobierno sostenía una política económica que priorizó el ajuste y la recuperación de variables financieras por encima de la capacidad de consumo de los hogares.

Ahora Caputo celebra que los bancos comenzaron a refinanciar esas deudas a tres años, con tasas de entre el 20% y el 25%. Pero el alivio llega después de que millones de personas ya quedaron atrapadas en la mora y, según el propio ministro, pasar de deudor moroso a no moroso puede llevar meses.

El dato que completa el cuadro es todavía más inquietante: consultado por las fintech que cobran tasas superiores al 500%, Caputo reconoció que actualmente no existe ninguna herramienta que les impida hacerlo.

El Estado se corre para las familias, pero acomoda las reglas para el sistema financiero

La explicación del ministro fue contundente: “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”. Bajo esa lógica, el Gobierno puede comprender la situación de quienes no llegan a pagar, pero no utilizar recursos públicos para ayudarlos.

La distancia entre una cosa y otra resulta difícil de ignorar cuando Economía avanza al mismo tiempo con medidas destinadas a ampliar el crédito en dólares para empresas y modificar el funcionamiento del mercado hipotecario. El Gobierno también analiza que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad licite depósitos de largo plazo para que los bancos puedan financiar más hipotecas.

El mensaje termina siendo desigual: para las familias endeudadas, el problema es privado y deben negociar con el banco; para ampliar el negocio financiero y facilitar nuevas líneas de crédito, el Estado sí aparece modificando reglas y diseñando mecanismos.

Caputo asegura que la empatía existe. Pero cuando millones de argentinos llegan a la mora porque sus ingresos quedaron detrás del costo del crédito, la empatía sin una política pública concreta se parece demasiado a una forma elegante de mirar para otro lado.