La diputada Marcela Pagano amplió su denuncia y señaló un patrón de giros de fondos viales concentrados alrededor de votaciones clave para el Gobierno de Javier Milei. Los números que alimentan la sospecha.
La presentación judicial busca reconstruir cómo funcionó el reparto de recursos para obras viales durante los últimos dos años y pone el foco en una coincidencia que se repite: provincias que resultaron decisivas para el oficialismo recibieron desembolsos millonarios en los días previos o posteriores a votaciones sensibles.
Una ventana que se abre cuando el Gobierno necesita votos
Según el análisis presentado por Pagano, los movimientos del fideicomiso vial comenzaron a concentrarse alrededor de determinadas votaciones desde junio de 2024, cuando el Senado discutió la Ley Bases. En esas jornadas se liberaron fondos para Santa Cruz, Río Negro y Misiones, mientras que, casi dos semanas después, otros $3.262 millones fueron destinados a obras viales antes de la sanción definitiva en Diputados.
El patrón habría vuelto a aparecer en octubre, cuando la Cámara baja blindó el veto al financiamiento universitario: ese mismo día, Tucumán y Misiones recibieron $3.186 millones. En diciembre, Vialidad de Misiones cobró $3.192 millones, el equivalente a todo lo percibido durante el año, en plena negociación por las sesiones extraordinarias.
Para Pagano, el dato adquiere mayor peso al mirar el conjunto: en las llamadas “ventanas” de tres días alrededor de las votaciones se concentró el 35,3% de todo lo pagado durante 2024.
Más dinero, más votaciones y un mecanismo que se repite
La secuencia no habría quedado limitada al primer año de gestión libertaria. En 2025 aparecen nuevos desembolsos vinculados temporalmente con votaciones sobre el acuerdo con el FMI, Ficha Limpia, el régimen de DNU y el Presupuesto 2026. Solo después de la votación del acuerdo con el Fondo se giraron $6.596 millones, de los cuales $3.885 millones fueron para Santa Cruz.
En 2026, el mecanismo vuelve a aparecer en la denuncia. Alrededor de la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y la Ley de Glaciares se registraron giros por miles de millones de pesos. En mayo, además, $43.786 millones representaron más de la mitad de los pagos de obra realizados durante un período de nueve días.
La propia Pagano aclara que la coincidencia de fechas no alcanza, por sí sola, para demostrar un pacto. Por eso reclama que la Justicia cruce las fechas de exigibilidad de cada pago con su efectiva liberación y revise certificados, documentación y obras realizadas.
El caso de Misiones aparece como uno de los ejemplos centrales de su presentación: apoyos, abstenciones y cambios de posición legislativa que quedaron rodeados de nuevos desembolsos. La Justicia deberá determinar si se trató de simples coincidencias administrativas o de algo bastante más grave: un sistema en el que los recursos públicos terminaron funcionando como moneda de cambio para conseguir votos en el Congreso.
