En una subasta ruinosa para las arcas públicas, el consorcio de Rowing y Filiberti se quedó con el 90% de la empresa de saneamiento por apenas 340 millones de dólares.
La entrega del patrimonio público que encabeza la gestión de Javier Milei acaba de consumar un retroceso histórico de consecuencias imprevisibles para la soberanía y la salud de millones de argentinos. En un proceso licitatorio exprés y viciado por la urgencia financiera, el Gobierno concretó este jueves la apertura de sobres para desprenderse del 90 por ciento del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La empresa estratégica que abastece de agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense quedó en manos del consorcio integrado por Rowing SA, la polémica firma Transclor de Mauricio Filiberti, la brasileña Arcos del Grupo Equipav y el fondo holandés PHX, que tomarán el control absoluto del servicio durante las próximas tres décadas.
El resultado de la licitación desnudó un verdadero fracaso económico que bordea el escándalo administrativo. Mientras el ministro Luis Caputo especulaba en sus despachos con recaudar un piso de 500 millones de dólares para alimentar las reservas y maquillar los crecientes vencimientos de la deuda externa, la propuesta ganadora apenas alcanzó los 340,2 millones de dólares, superando únicamente la mezquina oferta de 285 millones presentada por el Grupo Roggio. Lejos de frenar la operación ante semejante desvalorización de los activos nacionales, la administración libertaria apuró la entrega a precio vil, sacrificando una estructura esencial que atiende a casi 14 millones de habitantes para alimentar la bicicleta de divisas que sostiene su endeble plan cambiario.
Para justificar el desguace, la Casa Rosada recurrió a su habitual relato estigmatizante contra el Estado, calificando en comunicados oficiales a la prestadora como un modelo de disfunción administrativa y esgrimiendo transferencias históricas del Tesoro como única coartada para justificar la privatización. Detrás del discurso de eficiencia asoma el desembarco de viejos conocidos del poder corporativo local, donde sobresale la gravitación de Filiberti, histórico proveedor monopólico de insumos químicos para la potabilización del recurso, quien ahora pasará a controlar directamente las decisiones tarifarias y la gestión del agua con el respaldo técnico del holding brasileño Arcos.
La reprivatización del agua potable y el saneamiento abre un horizonte sombrío que reproduce de forma calcada el desastre de los años noventa bajo el menemismo. La experiencia previa de Aguas Argentinas, cuando el grupo francés Suez manejó las rieles de Obras Sanitarias, terminó en 2006 con un tendal de desinversión, agua contaminada con nitratos, cortes crónicos de suministro en los barrios populares y juicios multimillonarios contra el país que forzaron la creación de AySA como escudo sanitario público. Al transferir un derecho humano no sustituible a consorcios privados cuyo único objetivo es la rentabilidad neta en dólares, la gestión libertaria vuelve a poner en peligro el acceso universal al agua y abre la puerta a tarifazos implacables para los sectores medios y vulnerables.
