El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario e intimó al Gobierno a pagar de manera inmediata.
La embestida del Poder Ejecutivo contra el sistema científico y universitario nacional acaba de chocar contra un límite institucional de gravedad extrema. En una resolución de altísimo impacto político, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, declaró formalmente la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 mediante el cual Javier Milei intentó bloquear de hecho la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Al hacer lugar al amparo colectivo interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), la sentencia ordena de forma perentoria al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de la normativa a través de la reglamentación y desembolso de los fondos adeudados, desarmando la maniobra administrativa con la que la Casa Rosada pretendía estrangular el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Maniobras dilatorias para blindar un superávit dibujado
Lejos de acatar la orden de la Justicia y recomponer de urgencia los presupuestos académicos y salarios docentes devorados por la inflación, el oficialismo ya prepara una apelación ante la Cámara Federal. La estrategia de la Casa Rosada no se sustenta en argumentos jurídicos sólidos sino en una mezquina táctica dilatoria cuyo único fin es postergar los pagos durante meses para sostener las metas fiscales impuestas por el dogma libertario. Los números desmienten cualquier catástrofe económica: según los cálculos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto financiero que demanda sostener el normal funcionamiento del sistema universitario representa apenas el 0,23% del Producto Bruto Interno, una cifra insignificante que desnuda la verdadera naturaleza ideológica de la motosierra y la decisión deliberada de vaciar la educación pública estatal.
La obsesión por no transferir los recursos esenciales a las universidades no responde a una restricción macroeconómica insalvable, sino a la voluntad de convertir al aparato educativo en la variable de ajuste predilecta del modelo. Mientras la administración reparte exenciones impositivas y cede recursos públicos en otras áreas opacas de la gestión, los claustros continúan enfrentando facturas de servicios impagables, parálisis de programas de investigación y una sangría de profesionales y docentes que no logran cubrir la canasta básica familiar frente a la insensibilidad de los despachos oficiales.
Papelón de Mahiques en la Facultad de Derecho y fuga ante los reclamos
La notificación del fallo judicial expuso de manera elocuente el desconcierto y la incomodidad que reinan en el gabinete nacional. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se enteró de la resolución judicial mientras participaba como invitado de honor en la entrega de premios de la revista judicial Quórum, un evento colmado de magistrados celebrado justamente en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA. La escena cobró tintes grotescos cuando la conductora de la ceremonia, Romina Manguel, celebró públicamente el fallo de Cormick a favor de la universidad pública ante la mirada atónita del ministro ubicado en primera fila, dejándolo en evidencia frente a toda la comunidad jurídica.
El mal trance del titular de la cartera judicial escaló hasta el escándalo cuando la propia periodista fustigó desde el atril los constantes agravios e intimidaciones que Javier Milei descarga en redes sociales contra comunicadores como Luis Novaresio. Incapaz de defender la línea oficialista y acorralado por el rechazo de los presentes, Mahiques optó por levantarse de su butaca y abandonar el salón de apuro para eludir las consultas de la prensa. La huida del ministro sintetiza la fragilidad de un gobierno que pretende imponer un ajuste salvaje por decreto pero que, cuando la Constitución y los tribunales le imponen cumplir la ley, recurre a la fuga, la chicana y las apelaciones infinitas para consumar la destrucción del patrimonio educativo argentino.
