El funcionario libertario le arrebató a El Calafate la sede del Consejo Federal de Turismo apenas 24 horas después de que el gobierno de Claudio Vidal pusiera en duda un supuesto repunte del 40% en el sector.

La degradación en los modos de gobernar de la administración de Javier Milei encontró un nuevo y bochornoso capítulo en la gestión turística nacional. En una maniobra de disciplinamiento político que roza el ridículo y desnuda la intolerancia del oficialismo frente a cualquier dato de la realidad, Daniel Scioli resolvió de forma intempestiva quitarle a la provincia de Santa Cruz la sede de la asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) y del Foro Nacional, trasladando el encuentro a la Ciudad de Buenos Aires. La cancelación no respondió a ningún problema logístico real, sino a una abierta represalia luego de que el gabinete del gobernador Claudio Vidal desmintiera públicamente el relato oficialista sobre un inexistente boom de visitantes extranjeros, dejando al descubierto la fragilidad del relato libertario y provocando un grave daño económico a los prestadores de la Patagonia.

El dibujo estadístico que desató la furia del funcionario

El conflicto se originó tras la reciente Feria Internacional de Turismo, donde el exmotonauta ensayó una de sus habituales puestas en escena al proclamar que el turismo receptivo había trepado un 40%. La respuesta institucional de Santa Cruz no tardó en llegar: la ministra de Producción provincial, Nadia Ricci, cruzó con dureza los números oficiales y advirtió que esa supuesta bonanza no se registra en ningún rincón del territorio patagónico. Ricci desnudó además las distorsiones del modelo económico de Milei al señalar que el encarecimiento desmedido de los pasajes locales y el atraso cambiario volvieron prohibitivo vacacionar dentro del país, empujando a los propios argentinos a viajar al exterior antes que recorrer los destinos nacionales.

La réplica de Scioli llegó al día siguiente con la prepotencia característica del gobierno libertario: un frío mensaje de WhatsApp enviado a los titulares de turismo de todo el país notificando el cambio de sede por presuntas cuestiones de agenda y con la burda excusa de unificar la jornada con el Consejo Federal del Deporte. Apenas jornadas atrás, el propio funcionario nacional había ratificado a El Calafate como anfitriona del evento pautado para el 29 y 30 de octubre. El intempestivo portazo obligó a las autoridades santacruceñas a enviar una severa carta de protesta firmada por Ricci y el secretario de Turismo, Diego Gamboa, denunciando el despilfarro de recursos ya comprometidos por la provincia y el perjuicio terminal que la medida acarrea al obligar a cancelar reservas hoteleras y actividades ya contratadas en plena temporada alta.

Rebelión de las provincias ante el atropello institucional

La actitud de la Secretaría de Turismo generó un cortocircuito mayúsculo en el seno del Consejo Federal de Turismo, donde crece el hastío de los distritos frente al intento de maquillar la crisis del sector con planillas truchas. Desde la provincia de Buenos Aires, la subsecretaria de Turismo que responde a Axel Kicillof, Soledad Martínez, no dudó en encuadrar el hecho como una vendetta personal contra Santa Cruz por haber dicho una verdad evidente, al tiempo que denunció que la mudanza viola los estatutos del CFT, los cuales exigen consenso federal previo. Martínez cargó de lleno contra el estilo de conducción de Scioli al calificar su accionar como una muestra flagrante de prepotencia donde el funcionario hace lo que se le canta sin rendir cuentas a nadie.

A las críticas bonaerenses se plegó el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, quien catalogó la decisión de último momento como un atropello institucional que vulnera la autonomía y la participación federal de las provincias. El escándalo por la cancelación en El Calafate confirma la dinámica perversa con la que opera la administración libertaria: frente a la caída del consumo, las tarifas asfixiantes y la retracción del turismo interno, la Casa Rosada prefiere perseguir, sancionar y desfinanciar a los gobernadores que se atreven a señalar los desaciertos del modelo en lugar de implementar políticas para reactivar una industria que se desmorona día tras día.