El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que ministros, secretarios y subsecretarios percibirán los mismos aumentos que el resto de la administración pública, con una cláusula que congela las subas si se pierde el superávit fiscal

El Gobierno nacional comenzó el 2026 con una decisión que generó repercusión política y social: a través de un decreto publicado este viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, se oficializó un aumento salarial para ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo. La medida establece que los altos funcionarios percibirán los mismos incrementos que los acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional.

La disposición quedó formalizada mediante el Decreto 931/2025, que fija que los nuevos valores comenzarán a regir desde enero de 2026. Según el texto, las remuneraciones de los funcionarios incorporarán el porcentaje acumulado de aumentos otorgados al personal estatal entre enero de 2024 y julio de 2025, período en el que los salarios políticos se mantuvieron congelados.

Además, el decreto introduce un cambio estructural: a partir de ahora, cada incremento salarial que surja de las paritarias generales de la administración pública se trasladará automáticamente a ministros, secretarios y subsecretarios, siempre y cuando el resultado fiscal financiero del Estado nacional se mantenga en superávit. En caso contrario, el esquema prevé un freno inmediato a las subas.

La norma es clara al señalar que, si se registra un déficit fiscal acumulado según los datos oficiales del Ministerio de Economía, los salarios de los altos cargos quedarán congelados de forma automática, sin necesidad de un acto administrativo adicional. Esa suspensión se mantendrá vigente hasta que se restablezca el superávit fiscal.

El aumento no tiene carácter retroactivo y alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades con rango y jerarquía equivalente dentro del Ejecutivo. Quedan expresamente excluidos de este beneficio el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En los considerandos, el Gobierno justificó la decisión en el prolongado congelamiento salarial que regía desde diciembre de 2023 y en los resultados económicos atribuidos a la gestión libertaria, como el sostenimiento del superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la reducción del índice de pobreza. Según el texto oficial, estos indicadores respaldan la política económica aplicada y habilitan la actualización de los salarios de la cúpula del Estado.