La detención violenta de los dirigentes gremiales Claudio Dellecarbonara, Néstor Segovia y Facundo Heredia derivó en la interrupción sorpresiva del servicio y el Premetro.
La política de mano dura y persecución sistemática a las organizaciones sindicales impulsada por el gobierno de Javier Milei, en explícita sintonía con la gestión porteña de Jorge Macri, terminó de detonar este martes un nuevo conflicto social de magnitudes impredecibles. Las seis líneas del subterráneo porteño y el Premetro permanecen totalmente paralizados en forma sorpresiva desde las 10 de la mañana, un horario de altísima circulación de pasajeros, dejando a cientos de miles de trabajadores a la deriva. La drástica medida de fuerza se adoptó como respuesta directa a la detención arbitraria y violenta de destacados dirigentes gremiales en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, en un contexto de creciente violencia institucional y criminalización de la protesta pública.
La escalada de tensión se originó a partir de una manifestación pacífica en la cabecera de la Línea B, donde los trabajadores agrupados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) denunciaban sanciones disciplinarias abusivas aplicadas por la concesionaria Emova. Ante la absoluta negativa de la empresa a entablar canales formales de diálogo, los delegados sindicales tenían previsto llevar adelante una medida tradicional de protesta mediante la apertura de molinetes para liberar el pasaje. Sin embargo, antes de que pudiera efectivizarse la acción gremial, las fuerzas policiales irrumpieron en las instalaciones subterráneas por orden de la Fiscalía Norte a cargo de Natalia Pla, desatando una cacería que culminó con la aprehensión del empleado Sebastián Carrizo y de los metrodelegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara.
El accionar de las fuerzas de seguridad, que descendieron hasta la zona de andenes para ejecutar las órdenes de arresto, encendió la indignación inmediata del conjunto de los trabajadores del sector. Horas más tarde, la respuesta policial se endureció aún más con la detención de Néstor Segovia, Secretario General de la AGTSyP, acusado de resistencia a la autoridad mientras intentaba interceder por la integridad física de sus compañeros. Frente a esta seguidilla de detenciones políticas, el secretariado ejecutivo de la entidad gremial emitió un durísimo comunicado donde denunciaron que el modelo libertario busca erradicar el derecho de huelga mediante la represión estatal, confirmando que la parálisis del servicio de transporte se mantendrá por tiempo indeterminado hasta que se concrete la inmediata liberación de todos los dirigentes apresados.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró abiertamente las detenciones alineándose de forma explícita con la doctrina represiva de la Casa Rosada y la cartera de Seguridad nacional. A través de sus canales oficiales, el mandatario capitalino justificó la cacería policial bajo la consigna punitiva de que cualquier trabajador que bloquee un servicio será encarcelado sin contemplaciones. Esta postura inflexible, que prioriza el amedrentamiento y el uso de la fuerza pública por encima de la resolución de los reclamos laborales, consolida una peligrosa derivación autoritaria que amenaza con paralizar de manera recurrente la vida cotidiana de la población en medio del acelerado deterioro económico que atraviesa el país.
