ATE se moviliza para denunciar recortes arbitrarios de hasta el 60% e intimidación gremial. El desguace de Pettovello deja a miles de familias al borde de la indigencia mientras se congelan las partidas para comedores.
La política de ajuste extremo y vaciamiento que caracteriza la gestión de Javier Milei sumará este lunes al mediodía un nuevo capítulo de conflicto en las puertas del exministerio de Desarrollo Social. Los trabajadores del Ministerio de Capital Humano llevarán adelante una jornada de ollas populares en la transitada intersección de las avenidas Belgrano y Lima para visibilizar la dramática licuación de sus ingresos. La protesta, impulsada de manera orgánica por la Asociación de Trabajadores del Estado, pondrá al descubierto las condiciones de asfixia económica con las que la ministra Sandra Pettovello pretende administrar una de las áreas más sensibles de la administración pública.
La representación gremial denunció que la cartera nacional aplicó tijeretazos de entre el 40 y el 60% en los haberes de aquellos empleados que participan activamente en las acciones sindicales de ATE. Desde la organización sostienen que este recorte indiscriminado no responde a ninguna reestructuración técnica sino que constituye una abierta maniobra de intimidación orientada a quebrantar la resistencia de las bases y neutralizar el reclamo colectivo. La metodología de sanción económica se instrumentó sin previo aviso durante la liquidación del último mes, sumando modificaciones arbitrarias en el régimen de licencias por vacaciones para erosionar aún más las condiciones laborales del personal sobreviviente.
La jornada de protesta expondrá en forma paralela la paralización absoluta que sufren los programas de asistencia alimentaria en todo el territorio nacional. Los delegados informaron que los escasos comedores comunitarios que todavía perciben algún tipo de transferencia por parte del Estado reciben montos irrisorios que resultan insuficientes para garantizar un plato de comida digno a miles de familias acuciadas por la recesión. Esta maniobra de estrangulamiento presupuestario ratifica la desensibilización oficial frente a la emergencia social que se profundiza en los barrios más vulnerables como consecuencia del programa económico oficial.
El área de Desarrollo Social se transformó en la víctima principal de la motosierra libertaria con un saldo devastador que incluye el despido de tres mil seiscientos trabajadores desde el inicio de la gestión. La sangría de personal dejó desmanteladas políticas territoriales históricas de contención mientras los agentes que continúan en sus puestos sufren un deterioro salarial persistente. Bajo el lema “Frente al disciplinamiento, más unidad. Frente al ataque, organización y lucha”, las comisiones internas del sector convocaron a profundizar las medidas de fuerza en las calles ante la negativa sistemática del Gobierno a abrir canales normativos de negociación y recomposición de haberes.
