Una medida cautelar y denuncias por el ocultamiento de la tasación oficial amenazan con frenar la venta de la empresa de agua a un fondo de Curazao. Alertan por el desguace ambiental y un posible desfalco millonario al Estado.
El plan de remate del patrimonio público que impulsa el gobierno de Javier Milei sumó un severo revés en los tribunales que amenaza con hacer colapsar una de sus operaciones financieras más polémicas. La privatización de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) quedó al borde de la parálisis formal debido a una escalada de acciones judiciales que cuestionan tanto el recorte en los estándares sanitarios como la entrega a precio de vil de la segunda compañía de agua potable más grande de América Latina. El proceso de enajenación conducido por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pretende entregar el 90% del paquete accionario a cambio de u$s 340 millones, una cifra insignificante que despertó sospechas de corrupción y desfalco al erario nacional.
El trámite licitatorio consagró semanas atrás como ganadora a la oferta presentada por un consorcio encabezado por la firma PHX Aqua, secundada por las locales Rowing y Transclor y la brasileña Arcos Saneamento e Participações. La nave insignia de la maniobra, PHX, fue constituida sorpresivamente hace apenas dos meses y responde al control directo del fondo de inversión Phoenix Global Fund, una entidad radicada en el guarida fiscal de Curazao y vinculada a los empresarios Walter Román y Mauricio Filiberti. Con un 55% de participación dentro del grupo adjudicatario, este sello offshore aspira a quedarse con el control operativo del suministro de agua y cloacas para más de 14 millones de usuarios del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.
Sin embargo, la toma de posesión por parte del capital privado chocó de frente contra una medida cautelar dictada por la Justicia que prohíbe taxativamente alterar o reducir los niveles de prestación vigentes. La acción promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, obtuvo la ratificación explícita de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, tribunal que ordenó a la empresa pública mantener inalterables todas sus obligaciones en materia de salud pública, acceso al agua potable y protección del ambiente mientras se tramita el proceso principal. Los magistrados desestimaron las apelaciones presentadas por los abogados de la compañía y ordenaron remitir el expediente al fuero federal platense para evaluar preventivamente los daños colaterales de la cesión.
En los fundamentos del fallo que frena el desguace oficial, la conducción de la Defensoría del Pueblo aclaró que la exigencia judicial busca impedir que la Casa Rosada le garantice impunidad ambiental y flexibilidad tarifaria a la nueva concesionaria privada. Frente al silencio del Poder Ejecutivo, el ombudsman provincial solicitó una intimación urgente para verificar el cumplimiento efectivo de la restricción y apeló ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires para evitar el desplazamiento de la causa a la órbita federal. Esta ofensiva legal pone en jaque la letra chica del nuevo contrato de concesión redactado por la administración libertaria, el cual contemplaba una drástica quita de controles estatales y el relajamiento de los parámetros de calidad hídrica.
A la resistencia bonaerense se sumó un frente parlamentario conducido por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, junto a las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, quienes acudieron a los tribunales para frenar la adjudicación hasta tanto el Ministerio de Economía difunda la tasación oficial de AySA. La demanda, dirigida contra el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, denunció la existencia de una ceguera deliberada por parte de la gestión de Milei al mantener en estricto secreto la valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Los legisladores advirtieron que ocultar el valor real de los activos públicos impide determinar si la oferta del fondo caribeño protege las arcas del Estado o si se trata de un vaciamiento concertado a espaldas de la sociedad.
La denuncia que tramita en el juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Santiago Carrillo se apoya en los presupuestos de la Ley 23.696, norma que exige la intervención y el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. El escrito judicial subraya que la tasación de un recurso estratégico básico no puede ser tratada como un secreto comercial y cuestiona severamente que el Gobierno haya marginado al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). En su lugar, la administración libertaria recurrió a la técnica del flujo neto de fondos descontados aplicada por el BICE, una metodología contable que simula ganancias hipotéticas para provocar una subvaluación artificial del patrimonio estatal y beneficiar a los grupos económicos amigos.
El escándalo institucional escaló al fuero penal a partir de una presentación formulada por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para imputar a los funcionarios responsables por malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes estatales. El titular de la entidad, Pedro Busetti, remarcó que adjudicar un activo estratégico de esa magnitud en base a una cifra secreta representa una arbitrariedad flagrante que invalida el proceso de licitación. Con la tasa oficial bajo reserva, sin auditoría legislativa y con una medida cautelar que blinda los derechos de la población, la privatización estrella de Javier Milei ingresó en un callejón sin salida que deja expuestas las severas irregularidades de su modelo de negocios.
