El Ministerio de Desregulación busca desprenderse de hasta 20 mil estatales mediante el Decreto 1203. El gremio denuncia aprietos y amenazas de pases a disponibilidad para obligar a firmar renuncias.

El vaciamiento de la administración pública nacional encarado por el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo y gravísimo capítulo de violencia laboral. A través de la publicación del Decreto 1203, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la puesta en marcha de un Régimen de Retiro Voluntario con el que pretende desvincular a cerca de 20 mil agentes estatales. Sin embargo, la medida fue repudiada de inmediato por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), desde donde denunciaron que la iniciativa no representa una alternativa optativa sino una maniobra de vaciamiento orquestada bajo amenazas de despidos masivos.

La normativa oficial establece que la ventana de adhesión permanecerá abierta durante todo el mes de noviembre, reservándose el Poder Ejecutivo la facultad de prorrogar el esquema por otros 30 días. Para blindar la purga de personal e impedir cualquier reincorporación futura a la estructura gubernamental, Sturzenegger aclaró que los empleados que acepten el esquema no podrán reingresar al Estado nacional o deberán devolver la totalidad de los fondos percibidos si pretendieran hacerlo. La medida profundiza la sangría de trabajadores que sostienen los servicios esenciales y las políticas públicas operativas en todo el país.

El programa oficial contempla tres esquemas diferenciados de desvinculación según la edad y los aportes previsionales registrados. El primer segmento abarca a mujeres a partir de los 58 años y hombres desde los 63 que no alcancen los años de aportes para jubilarse, quienes deberán optar entre percibir el 60% de su haber durante un máximo de 36 meses o aceptar una gratificación única equivalente a un sueldo por año de antigüedad con un tope de 18 remuneraciones. El segundo grupo alcanza a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de 63 a 64 años que posean los 30 años de aportes completos, ofreciendo un haber bruto por año de servicio con límite de 18 sueldos, más un adicional fijo de cinco salarios brutos.

La tercera categoría está destinada a las capas más jóvenes del personal de planta permanente, incluyendo a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. Para estos agentes se prevé un haber bruto por año de antigüedad con un techo de 20 sueldos, adicionando cuatro remuneraciones extras para quienes certifiquen menos de 15 años de servicio o cinco sueldos adicionales para los que superen los 15 años de antigüedad. Detrás del maquillaje técnico de las indemnizaciones, los gremios advierten que el trasfondo oculta un recorte feroz que destruye carreras administrativas y saberes técnicos acumulados durante décadas.

La respuesta del sindicalismo no se hizo esperar y ATE convocó a una jornada de protesta masiva frente a la Quinta Presidencial de Olivos para este miércoles. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó en términos categóricos la propuesta del Palacio de Hacienda y tildó a la iniciativa de “DESPIDO EXTORSIVO”, asegurando que no existe voluntad libre cuando la alternativa planteada a los agentes públicos es firmar la renuncia o quedarse de inmediato en la calle, sin ingresos y sin cobertura de obra social.

Aguiar acusó directamente a las autoridades de montar un dispositivo de amedrentamiento interno dentro de los ministerios y organismos descentralizados para forzar la firma de las bajas. “Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, EL CONSENTIMIENTO NO ES LIBRE. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo'”, sentenció el dirigente sindical, desnudando la estrategia de apriete institucional que aplican los funcionarios libertarios en cada dependencia oficial.

Las cifras que exhibe el propio Sturzenegger exponen la magnitud del colapso estatal bajo la administración libertaria. En recientes balances difundidos por la cartera de Desregulación, el funcionario celebró que desde el inicio del mandato de Milei ya se destruyeron casi 78 mil puestos de trabajo entre la administración nacional y las empresas públicas. La avanzada cobra un cariz todavía más insólito tras las recientes declaraciones del Presidente, quien durante una aparición pública sostuvo la falaz interpretación de que la eliminación de esos 80 mil empleos estatales representa la creación implícita de igual cantidad de puestos de trabajo, en un alarde de cinismo que genera estupor en el sector público.