Profesionales de todo el país rechazan cambios en el sistema que, aseguran, reducen ingresos y ponen en jaque la continuidad del servicio.
Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro de 72 horas en todo el país en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos y altera las condiciones de trabajo.
La medida de fuerza surge luego de que el organismo presentara los cambios como un “ordenamiento” del sistema. Sin embargo, desde el sector médico advierten que, en la práctica, se traduce en una reducción significativa de la remuneración, lo que pone en riesgo la continuidad de la atención a millones de afiliados.
Reclamo por ingresos y condiciones laborales
Desde el gremio que agrupa a los profesionales sostienen que el nuevo esquema hace inviable sostener la prestación. La caída del ingreso real, sumada a mayores exigencias, configura —según denuncian— un escenario insostenible para quienes trabajan en el sistema.
En esa línea, Hernán Corredoira, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI y referente de la FESINTRAS, fue contundente: “Este paro es un llamado de atención”. Y graficó el deterioro con una frase que sintetiza el malestar: “Un médico cobra un alfajor por atender a un afiliado, son 2100 pesos”.
Alerta por el Programa Remediar
En paralelo, desde FESINTRAS encendieron otra alarma: el posible cierre del Programa Remediar, una política clave para garantizar medicamentos esenciales a personas sin cobertura.
“Se está hablando de la eliminación del plan Remediar, lo cual es muy grave”, advirtió Corredoira, quien vinculó la situación con un ajuste más amplio sobre el sistema de salud pública.
Un conflicto que escala
El paro no solo refleja el malestar del sector, sino que expone tensiones más profundas sobre el rumbo del sistema sanitario. Los profesionales advierten que, de sostenerse estas condiciones, no solo peligra su situación laboral, sino también la calidad y continuidad de la atención para los jubilados.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y suma presión sobre un área sensible, donde cada decisión impacta de manera directa en el acceso a la salud de los sectores más vulnerables.
