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abril 14, 2026

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Adorni, contra reloj: debe US$70 mil a jubiladas en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito

Por infolitica

El jefe de Gabinete enfrenta un plazo clave mientras la Justicia avanza sobre operaciones inmobiliarias bajo sospecha.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva revelación judicial: tiene plazo hasta noviembre para saldar una deuda de 70.000 dólares más intereses con dos jubiladas que financiaron parte de la compra de su departamento en Parque Chacabuco.

Una hipoteca bajo sospecha

La información surgió de las declaraciones ante el fiscal Gerardo Pollicita, donde las prestamistas confirmaron los detalles del acuerdo. Se trata de una hipoteca no bancaria por 100.000 dólares otorgada por la comisaria retirada Graciela Molina de Cancio (85.000) y su hija, la oficial Victoria Cancio (15.000).

El préstamo fue pactado a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales que inicialmente rondaban los 900 dólares. Tras un desembolso anticipado de 30.000 dólares por parte del funcionario, las cuotas se redujeron a unos 600 dólares mensuales.

Aun así, la mayor parte de la deuda sigue vigente y continúa generando intereses.

El vínculo con las propiedades investigadas

Este financiamiento fue clave para que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adquirieran una propiedad sobre Avenida Asamblea. La operación se suma a otras transacciones inmobiliarias bajo análisis judicial, incluyendo la compra de un departamento en Caballito.

Ambas maniobras están siendo investigadas en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se busca determinar si existieron irregularidades en los mecanismos de financiamiento y en los valores declarados.

Un frente judicial que se amplía

El caso no se limita al préstamo. La Justicia intenta reconstruir el entramado completo de operaciones, que incluye intermediarios, escribanos y otras figuras que participaron en las compras.

En ese contexto, el plazo de noviembre aparece como una fecha clave: no solo por la obligación financiera que enfrenta el funcionario, sino también porque podría coincidir con definiciones judiciales que terminen de delinear su situación.

Mientras tanto, las dudas sobre el origen de los fondos, las condiciones del crédito y el rol de las prestamistas siguen alimentando una causa que escala en complejidad y exposición política.

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