Lo que hasta pasada la medianoche aparecía como una jornada favorable para el Gobierno, con la aprobación en general del Presupuesto en la Cámara de Diputados, derivó horas después en un revés político inesperado. En la votación en particular, el oficialismo no logró sostener el capítulo XI, considerado clave por la Casa Rosada, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La caída de ese tramo del proyecto encendió alarmas en el Ejecutivo. Desde el entorno presidencial advirtieron que, en esas condiciones, el Presupuesto “pierde sentido” y dejaron abierta la posibilidad de un veto presidencial si el texto no es modificado durante su tratamiento en el Senado.

El traspié interrumpió una racha política positiva para el oficialismo, que se había iniciado con la victoria electoral de octubre y se había trasladado al Congreso, donde La Libertad Avanza logró consolidarse como primera minoría en Diputados y aprovechó la fragmentación del peronismo en la Cámara alta.

El origen de la decisión y las primeras dudas internas

Con el resultado consumado, comenzó una etapa de reproches y revisiones internas en el oficialismo. El primer interrogante que se instaló fue por qué se decidió incorporar al Presupuesto un artículo sensible desde el punto de vista político y social, que no había formado parte de los borradores iniciales ni de las conversaciones preliminares con los gobernadores.

Existen versiones contrapuestas sobre el momento en que se sumó el artículo 75: algunas fuentes sostienen que se incorporó tres días antes del dictamen, otras que fue agregado el mismo día. En cualquier caso, coinciden en que no integraba el paquete de temas negociados con los mandatarios provinciales para garantizar el acompañamiento de sus diputados.

La segunda pregunta, más delicada, es quién impulsó su inclusión pese a los antecedentes parlamentarios. Tanto la ley de Discapacidad como la de Financiamiento Universitario ya habían sido aprobadas por amplias mayorías, vetadas por el presidente Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso, lo que evidenciaba su fuerte respaldo político y social.

En ese marco, dos fuentes que siguieron de cerca la negociación señalaron al ministro de Economía, Luis Caputo, como uno de los impulsores de la medida. Según esa versión, el funcionario, con aval presidencial, considera que ambas normas afectan el equilibrio fiscal, eje central del programa económico.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo relativizaron esa responsabilidad. “Aunque la idea haya sido de Economía, pasó por la mesa política y se armó una estrategia para sacar el Presupuesto”, señaló una fuente con acceso a las negociaciones. Otra voz fue más crítica y habló de un “error de cálculo político”, al subestimar la sensibilidad de los temas y su impacto en la opinión pública.

El mensaje del Gobierno y el debate sobre la estrategia

Tras la derrota en la votación en particular, desde la Casa Rosada comenzaron a circular mensajes internos que relativizaban el alcance del traspié. Funcionarios admitieron que el capítulo perdido representa una derrota, pero remarcaron que el oficialismo logró, por primera vez en tres años, aprobar un Presupuesto en general, un objetivo que hasta ahora se había frustrado.

También surgieron cuestionamientos al manejo del relato político. Algunos dirigentes consideraron que se generaron expectativas excesivas alrededor de la aprobación total del proyecto, sin ponderar que el resultado global seguía siendo significativo para el Gobierno.

Los gobernadores bajo la lupa

El otro foco del malestar oficialista estuvo puesto en la conducta de los gobernadores. La estrategia de la Casa Rosada había sido incluir la derogación de las leyes junto con otros artículos que, en teoría, podían sumar apoyos, como el aumento de recursos por coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. La maniobra no dio resultado.

En el oficialismo señalaron tanto a gobernadores aliados —como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero— como a mandatarios peronistas dialoguistas, entre ellos Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. En términos numéricos, el mayor retiro de apoyos provino de diputados de provincias gobernadas por el PJ, muchos de los cuales terminaron votando en contra del capítulo cuestionado.

Desde el oficialismo recordaron que, apenas se conoció el contenido del artículo 75, gobernadores del norte del país advirtieron que no acompañarían la derogación. En privado, algunos legisladores oficialistas cuestionaron esa postura, especialmente en el caso de Tucumán, que había recibido transferencias por montos superiores a los otorgados a otras provincias durante la negociación.

El mandatario más cuestionado en la cúpula libertaria fue el neuquino Rolando Figueroa. Según dirigentes del oficialismo, había comprometido el voto afirmativo de su diputada, que finalmente se expresó en contra. Desde sectores no oficialistas interpretaron el episodio como una falla en la estrategia parlamentaria del Gobierno, al confiar en acuerdos generales sin asegurar el voto individual de cada legislador.

Lo que viene

Con este escenario, la estrategia del Ejecutivo apunta ahora a reabrir la negociación en el Senado, introducir modificaciones y devolver el proyecto a Diputados. Si eso ocurre, el trámite recién se retomaría en febrero.

Mientras tanto, dentro del Gobierno conviven miradas distintas. Algunos relativizan el episodio y sostienen que la principal batalla política del oficialismo no es el Presupuesto, sino la reforma laboral, que aún espera definición en el Congreso.