El Gobierno de Javier Milei volvió a sufrir un revés judicial por incumplir una ley votada por el Congreso. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le dio un plazo de cinco días hábiles al Poder Ejecutivo para aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si no lo hace, comenzará a imponer multas personales a funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el titular de la ANDIS, Alejandro Vilches, con la posibilidad de avanzar además en denuncias penales por desobediencia judicial.

El magistrado ya había invalidado en diciembre el decreto con el que el Ejecutivo intentó congelar la vigencia de la ley, sancionada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial. “No existe una ley suspendida: una vez promulgada, debe cumplirse”, remarcaron desde el colectivo de prestadores, que celebraron la intimación como un paso clave frente a lo que consideran una estrategia deliberada de dilación del oficialismo.

El abogado de los prestadores, Diego Armesto, explicó que el fallo ordenó el cumplimiento inmediato de la norma y que, ante la falta de respuesta oficial, se solicitó la ejecución de la sentencia con la aplicación de astreintes, es decir, multas económicas destinadas a forzar el acatamiento. Si bien aún no se efectivizaron, podrían comenzar a correr desde el 1 de febrero si el Gobierno persiste en su negativa.

La ley, aprobada en julio del año pasado, declaró la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. El Ejecutivo intentó frenar su aplicación mediante el decreto 681/2025, bajo el argumento de que el Congreso no había definido el financiamiento. Ese razonamiento fue rechazado por el juez, que recordó que, tras la caída del veto, la Constitución obliga al Ejecutivo a cumplir la ley sin condicionamientos fiscales.

Mientras tanto, la situación del sector se vuelve cada vez más crítica. Prestadores y familias denuncian que, tras perder alrededor de 120 puntos de poder adquisitivo en el primer año y medio de gestión libertaria, trabajan con valores que cubren apenas una fracción de los costos reales. “Estamos cobrando $3.099 por día por alumno, con pagos a 60 días y aumentos que llegan tarde y mal. Así es imposible sostener las prestaciones”, explicó Martín, responsable de una institución de educación especial con más de 250 chicos.

El conflicto expone, una vez más, la tensión entre el ajuste fiscal a cualquier costo que impulsa el Gobierno y los derechos de sectores altamente vulnerables. Con la Justicia marcando límites y el plazo corriendo, el Ejecutivo enfrenta ahora una definición política y legal: cumplir la ley o asumir el costo de desobedecerla.