El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el gobierno no recurrirá a la Justicia tras el veto de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad. La norma busca actualizar prestaciones, garantizar pensiones y fortalecer la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el gobierno nacional no judicializará la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. La decisión marca un cambio respecto a declaraciones previas del propio presidente, quien semanas atrás había adelantado que recurriría a la vía judicial en caso de que se rechazara su veto.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Luego, se deberá dictar un decreto reglamentario para definir su aplicación, y eso incluye varios aspectos que analizaremos con el Presidente. Si fuera por mí, también me gustaría discutirlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso, para evaluar cómo se pueden contemplar nuevas pensiones por discapacidad. Primero, debemos determinar si las pensiones ya otorgadas fueron correctamente concedidas”, afirmó Francos en diálogo con Clarín.
La ley de Emergencia en Discapacidad tiene como objetivos principales actualizar las prestaciones por inflación y garantizar que los pagos a proveedores se realicen mensualmente, en lugar del sistema trimestral vigente. La norma también contempla una reforma del sistema de pensiones no contributivas, con el fin de asegurar el financiamiento y evaluar las condiciones de acceso y permanencia de los beneficiarios.
Entre las principales medidas de la ley se destacan: la regularización de pagos y actualización de aranceles para prestadores; la mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías; y la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), estableciendo lineamientos claros sobre las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales para la certificación de las personas con discapacidad.
Además, la norma promueve la transparencia del Gobierno, exigiendo informes públicos sobre ejecución presupuestaria y políticas implementadas. También prevé compensaciones económicas para prestadores y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado entre el 0,22% y 0,42% del PBI, y recursos específicos para garantizar el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día. Por último, reafirma el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca promover la inclusión y mejorar la gestión de prestaciones para personas con discapacidad, evitando un enfrentamiento judicial y priorizando la aplicación efectiva de la ley en todo el país.
