Reforma laboral, baja de la edad de imputabilidad, avance sobre la Ley de Glaciares y designaciones polémicas: el oficialismo empuja una agenda que profundiza el ajuste, el disciplinamiento social y el retroceso de derechos.

El Gobierno nacional se prepara para iniciar una semana decisiva con la mirada puesta en el Congreso de la Nación, donde comenzará el segundo período de sesiones extraordinarias. La prioridad absoluta del oficialismo será la aprobación de la reforma laboral, una iniciativa cuestionada por sindicatos, gobernadores y especialistas por su impacto directo sobre los derechos de los trabajadores. En paralelo, la Casa Rosada intentará avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares, la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad, la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la designación de Fernando Iglesias como embajador.

La reforma laboral es el núcleo del conflicto. Pese a las gestiones encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich, el proyecto sigue rodeado de incertidumbre. Gobernadores rechazan la reducción del impuesto a las ganancias por su impacto en la coparticipación y la CGT mantiene una presión constante sobre el Senado para forzar cambios de fondo. Dentro del propio oficialismo conviven dos posturas: un sector dispuesto a introducir modificaciones para garantizar los votos y otro, liderado por Federico Sturzenegger y Santiago Caputo, que impulsa aprobar el texto casi sin cambios, minimizando las resistencias políticas y sociales.

En ese marco, el discurso oficial insiste en promesas de generación de empleo futuro para justificar la pérdida inmediata de derechos y recursos provinciales. Incluso funcionarios como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, salieron a defender públicamente los artículos más polémicos, relativizando los cambios en vacaciones y jornada laboral y apelando a una supuesta “libertad” del trabajador que, en la práctica, se da en un contexto de precarización y desigualdad de poder.

Otra de las iniciativas que genera fuerte alarma es el nuevo Régimen Penal Juvenil. El Gobierno busca habilitar que niños de 13 años puedan ir presos, bajo una lógica punitivista que reduce la inseguridad a un problema penal y omite cualquier abordaje social. La consigna “delito de adulto, pena de adulto” se impone como mantra, incluso cuando organismos de derechos humanos advierten sobre las consecuencias irreversibles de criminalizar la infancia.

En paralelo, el oficialismo avanzará con la modificación de la Ley de Glaciares, justo cuando la Patagonia atraviesa una tragedia ambiental por incendios fuera de control. La iniciativa apunta a flexibilizar la protección de zonas periglaciares para habilitar el avance minero, priorizando negocios extractivos por sobre el cuidado de recursos estratégicos.

Como cierre de una agenda cargada de controversias, el Gobierno también buscará aprobar el acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador. Todo en una misma semana, con un Congreso presionado y una sociedad cada vez más tensionada frente a un programa que combina ajuste, retroceso ambiental y endurecimiento social.