Tras desconocer la ley de emergencia en discapacidad, la gestión de Javier Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad será absorbida por Salud. El anuncio llega mientras avanza una investigación judicial por coimas, audios comprometedores y millones de pesos y dólares secuestrados.
Luego de aplicar un fuerte ajuste sobre el sector de Discapacidad y de desconocer la ley de emergencia sancionada por el Congreso, el Gobierno nacional confirmó que avanzará con el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una decisión que vuelve a encender la polémica en torno a la política social de la gestión de Javier Milei.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró en conferencia de prensa que “tal como está hoy, la ANDIS dejará de existir” y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Según explicó, la medida apunta a “transparentar al infinito” el sistema y a “recortar estructura inútil”, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la asignación de pensiones.
Sin embargo, Adorni evitó toda referencia al escándalo de corrupción que sacudió al propio organismo meses atrás, tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, exabogado y hombre de extrema confianza del Presidente. En esas grabaciones se hablaba del pago de coimas vinculadas a la compra de medicamentos y se mencionaba a figuras cercanas al núcleo del poder libertario, como Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.
Pese a ese antecedente, el jefe de Gabinete buscó llevar tranquilidad al asegurar que el cierre del organismo no implicará la eliminación de beneficios. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones”, afirmó, y prometió que las políticas de discapacidad pasarán a administrarse con criterios sanitarios, auditorías permanentes y mayor control administrativo.
Entre las supuestas anomalías detectadas, Adorni enumeró casos de pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que habrían facturado servicios no prestados. No obstante, evitó explicar por qué estas situaciones no fueron corregidas durante la gestión del propio Gobierno.
Mientras tanto, la causa judicial vinculada a la ANDIS continúa avanzando en los tribunales de Comodoro Py. En las últimas semanas se negó a declarar Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía de Luis Caputo e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de una asociación ilícita que operaba como intermediaria entre droguerías y el organismo.
Durante un allanamiento realizado el 9 de octubre, la Justicia secuestró en su domicilio casi 700 mil dólares y más de 19 millones de pesos, sin que se brindaran explicaciones sobre el origen de esos fondos. Además, la investigación reveló conversaciones comprometedoras entre padre e hija, en las que se hablaba de reuniones clave y hasta de la promesa de comprar “una Lambo” si los negocios prosperaban.
En ese contexto, el cierre de la ANDIS aparece menos como una política de transparencia y más como una reconfiguración forzada en medio de un escándalo que sigue salpicando al corazón del Gobierno.
