El juez Ariel Lijo otorgó quince días más al exfuncionario libertario Manuel Adorni para responder por veinte graves inconsistencias que involucran compras millonarias, refacciones en dólares y manejo de fondos no declarados.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó una alarmante dilación en los tribunales federales de Comodoro Py. A pesar de la contundencia de las pruebas periciales y de los reclamos opositores, el magistrado a cargo resolvió postergar los plazos procesales para que el exjefe de Gabinete del gobierno libertario intente explicar cómo financió un nivel de gastos y consumos que resulta totalmente incompatible con sus ingresos como funcionario público.
La maniobra dilatoria de Adorni
El beneficio judicial otorgado por el juez Ariel Lijo posterga la respuesta formal a las intimaciones formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Para evitar un dictamen inmediato, la defensa de Manuel Adorni alegó la necesidad de peritar y copiar documentación extraída del teléfono celular del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el expediente sobre quien pesan sospechas directas por pagos en efectivo de obras privadas millonarias.
La investigación judicial, originada a partir de denuncias impulsadas por la diputada Marcela Pagano y ampliada por legisladores de diversos bloques opositores, expone una escandalosa falta de transparencia en las declaraciones juradas del exvocero. El peritaje patrimonial reveló un desfasaje estructural donde no cierran las cuentas familiares ni la trazabilidad de fondos utilizados para adquirir bienes de lujo mientras ejercía cargos en el Poder Ejecutivo.
Los veinte puntos oscuros y las operaciones inmobiliarias
El pliego de veinte intimaciones fiscales exige precisiones urgentes sobre el desembolso de 245.000 dólares en efectivo entregados a Tabar para remodelar una propiedad en el country Indio Cuá y la compra del lote correspondiente a nombre de su esposa. Además, la Justicia busca determinar el origen de los fondos de Manuel Adorni para adquirir un inmueble en la calle Miró, amoblamientos en divisa extranjera, vehículos y el capital inicial volcado a cuentas de criptomonedas no declaradas.
La fiscalía también puso el foco en facturas apócrifas, acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo del Banco Nación y el uso de terceras personas para saldar gastos cotidianos y viajes al exterior sin respaldo comercial. La prórroga concedida profundiza la preocupación social e institucional ante el avance de maniobras que buscan ganar tiempo frente a un cuadro evidente de enriquecimiento ilícito en el seno del oficialismo nacional.
