El ministro de Economía Luis Caputo apeló a un sorpresivo discurso de justicia social para anunciar un cupo limitado de préstamos atados a la inflación mientras compromete el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en plena crisis de ingresos.
En un contexto de asfixia por el sobreendeudamiento de las familias y caída del poder adquisitivo, el equipo económico oficializó una alarmante maniobra financiera sobre los recursos de los jubilados. Contradiciendo el discurso histórico del oficialismo, Luis Caputo presentó como un acto de justicia social un programa hipotecario que apenas alcanzará a unas 18 mil personas, recurriendo a la caja previsional para subsidiar la liquidez del sistema financiero privado.
El desvío de los fondos de la ANSES de Caputo
El esquema diseñado por el Palacio de Hacienda establece que la ANSES transferirá dos billones de pesos pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para constituir plazos fijos en entidades bancarias. Luis Caputo admitió que el objetivo es absorber el problema estructural de fondeo que tienen los bancos, transfiriendo el respaldo estatal a plazos de entre uno y cinco años para que el sector financiero privado coloque hipotecas sin asumir el riesgo de liquidez inicial.
Mientras el ministro insiste en un relato de recuperación con consumo récord que choca de lleno con la realidad de la calle, el plan deja desprotegido el patrimonio previsional de la seguridad social. La colocación de recursos del FGS en colocaciones bancarias expone los ahorros de los jubilados para sostener una operatoria crediticia de alcance marginal en medio de una economía con casi la mitad de los trabajadores en la informalidad.
Las cláusulas UVA y los requisitos excluyentes
Lejos de ofrecer una solución accesible a la emergencia habitacional, las condiciones fijadas por Luis Caputo profundizan la trampa de indexación que ya castiga a miles de deudores. Los nuevos créditos tendrán un plazo mínimo de 15 años y estarán atados a la inflación mediante la fórmula UVA con un recargo adicional de hasta el 7,5%, trasladando toda la incertidumbre macroeconómica a las familias que tomen la deuda.
A este riesgo financiero se suma un filtro socioeconómico restrictivo que deja afuera a la inmensa mayoría de la población trabajadora. Con exigencias de ingresos netos familiares que rondan los tres millones y medio de pesos y un tope de 150.000 UVA por operación, la iniciativa de Luis Caputo se consolida como un negocio financiero a la medida de los bancos antes que como una política pública de acceso universal a la vivienda.
