La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por Luis Caputo que elimina los topes patrimoniales y extiende los plazos de adhesión tras los bajos resultados del régimen original.
El oficialismo consolidó una nueva victoria parlamentaria durante la madrugada tras el debate por la reforma del Banco Central. Con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, la Cámara baja dio media sanción a la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una herramienta con la que el Palacio de Hacienda pretende facilitar el ingreso al circuito formal de divisas no declaradas ante la escasa respuesta que tuvo la primera etapa de la medida.
El respaldo aliado en Diputados y las expectativas del régimen de Inocencia Fiscal
Para alcanzar el número necesario, el bloque de La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que Unión por la Patria, la izquierda y sectores de Provincias Unidas y Encuentro Federal rechazaron la norma. La iniciativa busca movilizar los cerca de 170.000 millones de dólares que el Ministerio de Economía estima que permanecen fuera de los bancos.
Los registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reflejan que la versión previa de la norma quedó lejos de las metas oficiales, con apenas 330.000 adherentes al sistema simplificado de Ganancias y cerca de 99.000 trámites sin finalizar. Con esta actualización de la ley de Inocencia Fiscal, el equipo económico apunta a garantizar beneficios impositivos permanentes para reactivar el flujo de depósitos en el sistema financiero.
Modificaciones técnicas, plazos y controles en la ley de Inocencia Fiscal
El texto aprobado modifica la ley 27.799 y suprime los límites vigentes que restringían el acceso a quienes registraban ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios de $10.000 millones, permitiendo la opción a todas las personas humanas y sucesiones indivisas sin tope patrimonial. A su vez, se prorrogó la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre de 2027 y se incorporó una reducción del 25% en las multas formales para las pequeñas y medianas empresas.
En materia de control tributario, ARCA conservará la potestad de fiscalizar a los contribuyentes de mayor patrimonio mediante el criterio de discrepancia significativa, que se activará cuando las diferencias detectadas superen el 15% de lo declarado. Como contrapartida, quienes adhieran a la nueva Inocencia Fiscal estarán obligados a canalizar la totalidad de sus movimientos económicos a través de cuentas bancarias y entidades reguladas por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
