La declaración indagatoria de Diego Spagnuolo abre un capítulo clave en una causa que ya expone un esquema de corrupción sistemática dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según la imputación del fiscal Franco Picardi, bajo la conducción del exfuncionario operó una organización delictiva dedicada al direccionamiento de compras, con sobreprecios del 10 al 20%, que terminó derivando en pagos de sobornos y una defraudación multimillonaria contra el Estado.

El circuito, que habría movido más de $48.000 millones, se montó sobre un área especialmente sensible: la provisión de medicamentos e insumos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud, donde se concentra una población altamente vulnerable—personas sin cobertura médica, adultos mayores en situación de pobreza y madres con 7 hijos. Para la fiscalía, el perjuicio no fue solo económico: fue un golpe directo sobre quienes dependen de estas prestaciones para sobrevivir.

El avance de la causa se aceleró tras el análisis del teléfono de Daniel Garbellini, mano derecha de Spagnuolo dentro del organismo. Desde allí se reconstruyó el funcionamiento de un sistema orientado a manipular compulsas, restringir artificialmente la competencia y favorecer a un grupo de empresas previamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta. Estas droguerías alternaban roles —a veces proveedoras reales, otras simples “oferentes de cobertura”— para simular competencia y asegurar adjudicaciones consecutivas con márgenes inflados.

Ese mecanismo se apoyaba en la manipulación interna del sistema SIIPFIS, que debía otorgar transparencia pero terminó siendo una herramienta para armar compulsas reducidas y excluir a oferentes competitivos. En ese marco, los sobreprecios se volvieron moneda corriente, aunque hubo casos que superaron cualquier parámetro. El medicamento Burosumab 20 mg, por ejemplo, llegó a registrarse con un sobreprecio del 115%, pasando de valores cercanos a los $19 millones a más de $45 millones por unidad cuando solo quedaban dos empresas participando.

La estructura, según Picardi, funcionó entre diciembre de 2023 y julio de 2025 y logró consolidarse a través del control total del circuito de compras. Con roles distribuidos y una operatoria sostenida, las empresas involucradas monopolizaron las licitaciones: Profarma y Génesis concentraron el 93% de las adjudicaciones de medicamentos, mientras que New Farma y Floresta se quedaron con más de la mitad del negocio de implantes auditivos. Una maquinaria donde —según la fiscalía— “todos ganaban”, menos el Estado y menos aún los pacientes.

Hoy, Spagnuolo debe enfrentar por primera vez al juez Sebastián Casanello y al fiscal Picardi. Llega tras cambios de abogados, sospechas de querer acogerse como colaborador, y con sus comunicaciones internas revelando aumentos en los retornos de “5% a 8%”, incluso vinculando esos pagos a la Secretaría General que conduce Karina Milei. Será una declaración que podrá intentar defenderlo, pero llega con un expediente que, para la fiscalía, ya exhibe pruebas abrumadoras de un fraude montado desde el Estado y dirigido a desviar fondos destinados a los sectores más protegidos.