El jefe de Gabinete incorporó un inmueble que había omitido mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito y crecen las dudas sobre su patrimonio.
En medio de la investigación judicial que analiza su evolución patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, modificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción para incluir una propiedad que no había informado: la casa en el country Indio Cuá, adquirida a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
La corrección llegó con un año de demora y en un momento sensible: a semanas del vencimiento del plazo para presentar su nueva declaración correspondiente a 2025, donde también deberá incorporar otras operaciones bajo la lupa.
Una omisión en el centro de la escena
La propiedad había sido comprada en noviembre de 2024, por lo que debía figurar en el anexo reservado de la declaración anterior. Sin embargo, ese dato no fue incluido originalmente y recién fue agregado cuando la causa judicial ya estaba en marcha.
La documentación fue remitida a la Justicia tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes investigan posibles inconsistencias en la evolución del patrimonio del funcionario.
Préstamos, propiedades y explicaciones pendientes
El caso no se limita a una omisión administrativa. La compra del inmueble en Indio Cuá está vinculada a un préstamo privado de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres —una comisaria retirada y su hija—, con una tasa del 11% anual. Según declararon, aún se les adeudan 70.000 dólares.
A esto se suma la adquisición de un departamento en Caballito bajo condiciones poco habituales en el mercado, con un pago inicial mínimo y un saldo elevado a cancelar en el futuro sin intereses.
El entramado de operaciones, que incluye hipotecas no bancarias, intermediación de escribanos y pagos en efectivo, alimenta las sospechas sobre el origen de los fondos y la transparencia de las transacciones.
Un frente judicial que se complica
La legislación vigente obliga a los funcionarios a declarar la totalidad de sus bienes y los de su entorno familiar. La omisión de información puede derivar en el delito de “omisión maliciosa”, mientras que la imposibilidad de justificar el incremento patrimonial configura enriquecimiento ilícito, una figura penal más grave.
En paralelo, la causa también analiza el nivel de vida del funcionario, incluyendo viajes, gastos y nuevas adquisiciones desde su llegada al Gobierno.
Con nuevas declaraciones testimoniales en curso y un escenario judicial en desarrollo, la situación de Adorni se vuelve cada vez más delicada: las correcciones tardías no despejan las dudas, sino que refuerzan las preguntas sobre cómo construyó su patrimonio en tan poco tiempo.
