La jornada en la que el Senado debatió la reforma laboral terminó con un amplio operativo de seguridad, enfrentamientos y cientos de personas afectadas por la represión. Mientras el oficialismo defendía el proyecto dentro del recinto, en las inmediaciones del Congreso se desplegaron más de 800 efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. El saldo: más de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados, según organismos de derechos humanos y equipos de asistencia.
La movilización, convocada por organizaciones sindicales, sociales y políticas, comenzó por la tarde y se desarrollaba de manera mayoritariamente pacífica hasta que un grupo reducido comenzó a arrojar piedras y otros objetos por encima del vallado dispuesto frente al Congreso. A partir de ese momento, se activó un operativo conjunto de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía porteña para dispersar a los manifestantes.
Las fuerzas utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron que también se emplearon pistolas lanzagases de largo alcance y compararon el despliegue con el registrado durante el tratamiento de la Ley Bases, por el nivel de violencia estatal.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó que al menos 31 personas fueron detenidas de manera arbitraria y que miles resultaron afectadas por la inhalación de gases. Equipos sanitarios reportaron 562 asistencias por heridas e intoxicaciones. Además, 70 personas fueron demoradas en la zona de Lima entre México y Chile, aunque la mayoría recuperó la libertad horas después.
Entre los heridos hubo trabajadores de prensa. El cronista de Radio Gráfica, Mario Sadras, denunció que recibió disparos de balas de goma que impactaron a centímetros de su ojo. Socorristas indicaron que varios proyectiles fueron disparados por encima de la cintura, una práctica prohibida por los protocolos de uso de armas “menos letales” debido al riesgo de lesiones graves. Se registraron impactos en el rostro y la cabeza, así como casos de personas desorientadas o con dificultades para respirar por la exposición a los gases.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sostuvo que, tras la desconcentración parcial, se formaron cordones policiales en calles aledañas que limitaron las vías de evacuación, obligando a muchos manifestantes a retirarse hacia la avenida 9 de Julio. Testimonios recogidos por organismos de derechos humanos describieron persecuciones con motos e infantería disparando gas y postas de goma.
Horas más tarde, un grupo de diputados nacionales que se acercó a la zona donde permanecían detenidos manifestantes también fue reprimido con gas pimienta. Parte de los arrestados fue trasladada a la Comisaría de Barracas, donde se realizó una concentración para exigir su liberación.
Desde el Ministerio de Seguridad defendieron el operativo y señalaron que la intervención respondió a hechos de violencia y daños contra el vallado perimetral. En tanto, organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionaron la magnitud del despliegue y denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.
La sesión avanzó bajo un Congreso completamente vallado y con fuerte custodia policial, en una jornada que volvió a exhibir el alto nivel de tensión política y social que genera la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
