El fondo buitre insiste con otra vía judicial pese al fallo que avaló la reestatización y vuelve a tensionar la estrategia argentina con una jugada especulativa.

Después del revés en la Justicia de Estados Unidos, que ratificó la legalidad de la reestatización de YPF, el fondo buitre Burford Capital intenta mantener viva la disputa con una nueva ofensiva: llevar el caso al CIADI, el tribunal internacional del Banco Mundial. La maniobra, confirmada por la Procuración del Tesoro, abre un nuevo frente judicial con más ruido político que sustento jurídico.

Una jugada para seguir en carrera

El movimiento de Burford no sorprende por su lógica: su negocio es la litigación especulativa. Tras perder en la Cámara de Apelaciones de Nueva York —que fue categórica al validar la decisión del Estado argentino—, el fondo ahora busca otro escenario donde sostener el conflicto.

Para avanzar, incluso pidió a la jueza Loretta Preska que flexibilice el uso de la información del expediente, lo que refuerza la hipótesis de que intentará reutilizar ese material en otra demanda. El destino más probable es el CIADI, un ámbito históricamente utilizado por empresas para litigar contra Estados.

Pocos argumentos, alto impacto político

La ofensiva enfrenta un problema central: la inconsistencia de su propio planteo. Durante años, Burford sostuvo que el conflicto era contractual, basado en el estatuto de YPF y la supuesta obligación de realizar una Oferta Pública de Acciones (OPA). Sin embargo, la Justicia estadounidense concluyó que se trató de una expropiación legal bajo normativa argentina, cerrando esa discusión.

Si ahora decide acudir al CIADI, el fondo debería cambiar de argumento y presentar el caso como una violación a tratados de inversión, es decir, lo contrario de lo que sostuvo durante una década. A eso se suma otro obstáculo: el tiempo transcurrido. La expropiación ocurrió hace más de 15 años, lo que debilita aún más cualquier reclamo.

El trasfondo: negocios y presión negociadora

Más allá de las chances reales, la movida tiene una lógica financiera. Reabrir el conflicto puede impactar en el valor de sus activos y, al mismo tiempo, reinstalar una negociación con el Gobierno argentino. La estrategia es conocida: escalar la amenaza judicial para forzar un eventual acuerdo por fuera de los tribunales.

En ese marco, reaparece un factor estructural que condiciona a la Argentina: los tratados bilaterales de inversión firmados en los años ‘90, que habilitan este tipo de litigios. Ese andamiaje jurídico sigue vigente y permite que, incluso tras un fallo favorable, el país continúe expuesto a nuevas demandas en tribunales internacionales.