La comunidad educativa sale a la calle en La Plata en la antesala de la Marcha Federal, con críticas al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento.
En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, la Universidad Nacional de La Plata se convierte en el epicentro del conflicto educativo. Con una movilización de antorchas hacia el Rectorado, docentes, estudiantes y no docentes vuelven a ocupar las calles para denunciar el ajuste y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei.
Una protesta que crece desde La Plata
La convocatoria, impulsada por la Federación Universitaria y el Consejo Interuniversitario Nacional, llega precedida por un paro en las 17 facultades y se proyecta como un anticipo de la movilización nacional del 12 de mayo. Desde la organización destacan que la ciudad ya fue escenario de marchas masivas, con decenas de miles de personas, lo que posiciona a la UNLP como un termómetro político del conflicto.
El reclamo apunta a la falta de actualización presupuestaria y al deterioro de salarios docentes y no docentes, que arrastran una pérdida sostenida frente a la inflación.
Salarios, becas y permanencia en riesgo
Desde el movimiento estudiantil advierten que la situación impacta de lleno en la vida cotidiana. La pérdida de becas, el congelamiento de montos y el aumento del costo de vida configuran un escenario crítico para quienes sostienen sus estudios.
El recorte en programas como Progresar y el encarecimiento del transporte aparecen como barreras concretas para la permanencia en el sistema educativo. “Ya no alcanza ni para cubrir gastos básicos”, señalan desde las agrupaciones.
La universidad como red de contención
En medio del ajuste, la universidad pública mantiene su rol como sostén social. Espacios como el comedor universitario y las políticas de bienestar siguen funcionando como herramientas clave para garantizar el acceso y la continuidad académica.
Sin embargo, el conflicto escala. A más de seis meses de la aprobación de la ley de financiamiento —y con fallos judiciales que ordenan su implementación—, la falta de respuesta del Gobierno profundiza la tensión. La movilización en La Plata no solo expresa un reclamo sectorial: busca instalar en la agenda nacional el riesgo que enfrenta uno de los pilares históricos del sistema educativo argentino.
