El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que autoriza el uso de fuerza letal en el aire y en el mar, al tiempo que crea un Consejo de Seguridad con superpoderes.

El gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso temerario hacia la militarización del Estado y la concentración despótica de funciones institucionales, utilizando la legítima causa de Malvinas como una cortina de humo para imponer una reforma de seguridad con tintes autocráticos.

A través del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingresado a la Cámara de Diputados, la Casa Rosada no solo endurece las sanciones por explotación de recursos naturales con penas de hasta veinte años de prisión, sino que esconde un entramado normativo sumamente peligroso: autoriza el derribo de aeronaves civiles o comerciales consideradas hostiles, el hundimiento de buques y la persecución ideológica de cualquier crítica bajo el rótulo arbitrario de desinformación masiva o sabotaje al Estado.

Lejos de una estrategia diplomática seria para recuperar el territorio usurpado, el texto redactado bajo la sombra del asesor estrella Santiago Caputo funciona como un instrumento de extorsión política y disciplinamiento social. Al arrogarse la potestad de calificar de traidores a la patria a quienes rechacen el proyecto, el oficialismo pretende forzar la aprobación de un superpoderoso Consejo de Seguridad Nacional encabezado de forma unipersonal por el Presidente.

Este flamante organismo tendrá injerencia directa sobre las provincias y municipios, obligándolos a entregar información sensible bajo amenaza de penalizaciones, quebrando el pacto federal y reinstalando doctrinas punitivas que la democracia argentina había dejado atrás.

La reactivación de los protocolos de fuerza letal en el espacio aéreo y marítimo enciende las máximas alertas por el riesgo de una escalada de imprevisibles consecuencias internacionales e institucionales. La iniciativa faculta al mandatario o al ministro de Defensa a ordenar disparos directos para derribar aeronaves o inutilizar buques ante supuestas conductas amenazantes.

Esta discrecionalidad bélica, sumada a la tipificación penal que castiga con penas de cinco a doce años a quienes manipulen la opinión pública o alteren procesos electorales, deja abierta la puerta para que cualquier investigación periodística o reclamo opositor sea tipificado como una conspiración extranjera, habilitando la censura previa y el espionaje interno al servicio del relato oficial.

El impacto sobre el propio andamiaje productivo nacional amenaza además con desatar un colapso operativo en enclaves energéticos clave. Al extender las inhabilitaciones, rescisiones de contratos y suspensiones impositivas a toda empresa o accionista vinculado de manera directa o indirecta a firmas operantes en las islas, el proyecto dinamita la seguridad jurídica y pone contra las cuerdas a petroleras que desarrollan inversiones en Vaca Muerta, e incluso a compañías que el propio oficialismo premió a través del régimen de grandes inversiones.

Al pretender resolver con prepotencia militar y herramientas persecutorias lo que su propia gestión diplomática desmanteló, Milei expone al país a una peligrosa deriva donde la soberanía nacional no es defendida, sino degradada a una mera excusa para concentrar facultades represivas y ahogar las libertades democráticas.