El proyecto quita la compatibilidad con el trabajo registrado, sepulta el nomenclador único federal de prestaciones y castiga a los sectores más vulnerables para sostener el dogma del superávit fiscal.
El ensañamiento ideológico y económico de Javier Milei contra los colectivos más desprotegidos ha alcanzado un umbral de degradación inédito. En el proyecto de ley de Presupuesto 2027 girado al Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo incluyó un paquete de reformas regresivas diseñadas expresamente para aniquilar el sistema de protección de las personas con discapacidad. Mediante un contrabando normativo que viola los principios elementales de la técnica legislativa —utilizando una ley de cálculo de recursos para derogar leyes de fondo—, Balcarce 50 busca desmantelar conquistas históricas, violar tratados internacionales de derechos humanos y transformar derechos básicos en dádivas administrativas sujetas al humor de un decreto presidencial.
El corazón de esta embestida radica en los artículos 36 y 40 de la iniciativa oficial, que retrotraen el sistema a concepciones médicas arcaicas y punitivas. La gestión libertaria dinamita el modelo social consagrado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para imponer nuevamente la figura de la invalidez laboral. Bajo esta lógica excluyente, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de ser la llave de acceso directo a las pensiones no contributivas, transfiriendo de manera discrecional a la reglamentación del propio Ejecutivo la potestad de inventar requisitos restrictivos a espaldas del debate legislativo. Se trata de una transferencia autoritaria de facultades que busca achicar el padrón por la vía del desgaste burocrático y el desamparo.
El proyecto castiga de manera explícita cualquier intento de integración social. El artículo 37 fulmina la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado o el monotributo, un derecho clave que hasta hoy permitía percibir hasta dos salarios mínimos sin perder la cobertura estatal. Con el nuevo texto, la obtención de cualquier trabajo formal, incluso por escasas horas, implicará la pérdida automática del beneficio asistencial. Peor aún, se deroga la rehabilitación inmediata de la pensión en caso de despido, empujando deliberadamente a miles de trabajadores a la informalidad y la indigencia, en abierta contradicción con el deber constitucional de promover el empleo accesible en el mercado laboral.
El vaciamiento prestacional y sanitario termina de consolidar este crimen social. Al pulverizar el Nomenclador de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901 y derogar artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, el Gobierno habilita a obras sociales, prepagas y provincias a fijar aranceles a la baja según su propia conveniencia financiera, destruyendo la atención terapéutica en las regiones más empobrecidas. A su vez, se cancela el traspaso automático de pensiones preexistentes, se precariza la actualización de pagos mediante fórmulas atadas a mediciones generales y se habilita el canibalismo presupuestario entre partidas sociales. El plan de Milei no busca ordenar las cuentas públicas: utiliza el pretexto del equilibrio fiscal para ejecutar una purga insensible sobre las personas con discapacidad, despojándolas de su dignidad y de su derecho elemental a una vida autónoma.
