La Justicia suspendió los despidos y el desmantelamiento del INTI impulsados por el Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre los riesgos de transferir controles técnicos y certificaciones del Estado al sector privado.
En un nuevo revés judicial para el gobierno de Javier Milei, la Justicia Federal de San Martín suspendió los despidos y el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, uno de los organismos técnicos más importantes del país. El fallo dejó en evidencia el alcance del ajuste libertario sobre áreas estratégicas del Estado y advirtió sobre el riesgo de transferir controles públicos al sector privado.
La decisión fue tomada por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, quien hizo lugar a una medida de amparo presentada por Asociación Trabajadores del Estado y frenó la aplicación de la Resolución 42/2026 impulsada por el Gobierno nacional.
Esa normativa había ordenado la “cesación de servicios” en más de mil áreas técnicas del INTI y habilitaba una transformación profunda del sistema de control estatal sobre productos y procesos industriales. En los hechos, implicaba el retiro del Estado de tareas de inspección, certificación y control de calidad que afectan directamente al entramado productivo argentino.
El ajuste que ponía en riesgo controles y seguridad
La resolución oficial afectaba funciones clave vinculadas a observación, inspección, ensayos y certificaciones técnicas que el INTI realizaba sobre productos industriales de todo el país. El esquema diseñado por el Gobierno trasladaba parte de esas responsabilidades a las propias empresas privadas, que pasarían a certificar sus propios productos.
La medida había generado fuertes cuestionamientos por el nivel de discrecionalidad y los riesgos potenciales para la seguridad industrial y el control de calidad.
En su fallo, el magistrado consideró que la aplicación de la resolución podía generar daños irreparables, especialmente por la transferencia de funciones técnicas, documentación y equipamiento estatal acumulado durante décadas.
Además, el juez ordenó frenar la desafectación de trabajadores y garantizar “la ocupación efectiva” de todos los empleados alcanzados por la reestructuración impulsada por el oficialismo.
El Gobierno deberá reincorporar trabajadores y sostener prestaciones
La resolución judicial obliga al Poder Ejecutivo a mantener intactas las categorías laborales, salarios y condiciones de trabajo vigentes hasta el 14 de abril. También exige asegurar la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo control estatal.
El fallo golpea directamente uno de los ejes centrales de la política de ajuste libertaria: el recorte de organismos públicos considerados estratégicos para el desarrollo científico, tecnológico e industrial.
Desde ATE celebraron la decisión judicial y advirtieron que podrían multiplicarse las presentaciones contra otras áreas afectadas por la motosierra.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el Gobierno “no puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional” y aseguró que esta resolución marca el inicio de una nueva etapa de resistencia judicial frente al vaciamiento estatal.
La medida judicial vuelve a exponer las dificultades del Gobierno para avanzar sin límites sobre organismos públicos sensibles. Y deja abierta una discusión cada vez más profunda sobre las consecuencias del ajuste sobre áreas técnicas fundamentales para el control, la producción y la seguridad industrial del país.
