Pese al ajuste, el RIGI y las promesas de “lluvia de inversiones”, Argentina terminó última en captación de capital extranjero entre las principales economías de América Latina y profundiza las dudas sobre el rumbo económico de Javier Milei.

Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en mostrar una supuesta “lluvia de inversiones” como uno de los pilares de su modelo económico, los datos internacionales revelan un escenario muy distinto y cada vez más preocupante: Argentina quedó última en inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina.

Según cifras publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el país captó durante 2025 apenas 3.134 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), una cifra que expone con crudeza el derrumbe de la confianza internacional en la economía argentina pese al fuerte ajuste impulsado por la administración libertaria.

El contraste con el resto de la región es demoledor. Brasil recibió 77.000 millones de dólares; México, 40.000 millones; Chile, 13.000 millones; Colombia, 11.000 millones; y hasta Costa Rica logró captar 6.000 millones, casi el doble que Argentina.

El dato golpea directamente uno de los principales relatos del oficialismo: que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) iba a transformar al país en un imán para el capital internacional. Sin embargo, ni los beneficios fiscales extraordinarios, ni la flexibilización regulatoria, ni el ajuste feroz sobre salarios, jubilaciones y gasto público alcanzaron para generar el desembarco de inversiones que prometía el Gobierno.

El fracaso del RIGI y la economía que no arranca

Desde la red de profesionales Misión Productiva advirtieron que el informe deja en evidencia los límites del modelo económico libertario. Según señalaron, las inversiones vinculadas a sectores extractivos como energía y recursos naturales no alcanzan para motorizar un proceso sostenido de desarrollo económico.

“La capacidad de atraer inversiones también depende del mercado interno, el acceso al crédito, la infraestructura y las perspectivas de crecimiento”, remarcaron. Y el diagnóstico es contundente: con salarios pulverizados, caída del consumo, industria paralizada y pymes en crisis, Argentina dejó de ser atractiva incluso para los capitales especulativos que el Gobierno esperaba seducir.

El problema ya no pasa solamente por la estabilidad macroeconómica. Los propios números empiezan a mostrar una economía estancada, con capacidad industrial ociosa y sin horizonte de crecimiento para sectores productivos clave.

En ese contexto, el modelo basado casi exclusivamente en megaproyectos mineros, petroleros y extractivos aparece cada vez más cuestionado incluso entre economistas que inicialmente respaldaban algunas reformas libertarias.

Caputo intentó minimizar el golpe, pero la preocupación crece

La difusión del informe generó fuerte incomodidad en el equipo económico. El ministro Luis Caputo salió rápidamente a relativizar los resultados y sostuvo que el bajo nivel de inversión extranjera “es lógico” después de “años de populismo”.

A través de redes sociales, Caputo aseguró que existen “140 mil millones de dólares en proyectos” previstos para los próximos años y prometió que esas inversiones “van a cambiar la matriz productiva argentina para siempre”.

Sin embargo, el problema para el Gobierno es que esos anuncios todavía no se traducen en desembolsos concretos ni en generación masiva de empleo, mientras la economía real sigue acumulando señales de deterioro.

La situación se vuelve todavía más delicada porque el oficialismo había presentado al RIGI como una de las grandes apuestas para compensar el brutal ajuste interno. Pero los números de la OCDE muestran que, hasta ahora, el experimento libertario no logró generar el shock de confianza que prometía.

Lejos de consolidarse como una economía atractiva para el mundo, Argentina aparece hoy como el país menos elegido de la región para invertir. Y eso ocurre después de dos años y medio de recortes, desregulación y beneficios extraordinarios para grandes grupos económicos.