Un juez federal intimó al Ejecutivo a acreditar avances en la implementación de la norma y ratificó que debe estar en plena ejecución pese a la apelación presentada en diciembre.

La Justicia volvió a ponerle plazos concretos al Gobierno nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, advirtió que la norma deberá estar “en plena ejecución” el próximo 4 de febrero y ordenó al Estado Nacional que informe y acredite los avances en su implementación.

La decisión fue adoptada en plena feria judicial y se da luego de la apelación presentada por el Poder Ejecutivo en diciembre. En su resolución, el magistrado intimó al Gobierno a que, en un plazo de cinco días, detalle con documentación respaldatoria el estado de los trámites necesarios para cumplir con la sentencia dictada en la causa, bajo apercibimiento.

El juez también dejó claro que la apelación no suspende la obligación de cumplir la ley. Si bien el fallo que restituyó la vigencia de la norma fue recurrido, hasta tanto se expida la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la Ley de Emergencia en Discapacidad debe aplicarse de manera efectiva.

González Charvay fundamentó la fecha límite del 4 de febrero en lo establecido por la propia ley, que fija un plazo de 30 días para su reglamentación. Según precisó en la resolución, el cómputo se inicia el 18 de diciembre de 2025, cuando se concedió el recurso de apelación con efecto devolutivo, lo que obliga al Ejecutivo a avanzar con la implementación mientras se tramita la revisión judicial.

El conflicto se originó cuando el Gobierno dictó el Decreto 681/2025, mediante el cual suspendió la aplicación de la ley. Ese artículo fue invalidado por la Justicia, en un fallo de alcance colectivo que ahora deberá ser revisado por la Cámara.

Mientras tanto, el mensaje judicial es claro: la ley sigue vigente y el Estado debe cumplirla.