La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó en Tribunales un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral, sancionada el viernes pasado por el Senado. Las acciones fueron ingresadas tanto en el fuero Laboral como en el Contencioso Administrativo, en una jugada que traslada el conflicto al terreno judicial.

En la puerta de los tribunales, donde la central obrera convocó a una manifestación para respaldar la presentación, uno de sus cosecretarios generales, Jorge Sola, afirmó que la organización acudió a la Justicia en ejercicio de su derecho a peticionar y expresó su confianza en que el Poder Judicial “va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”.

Según explicó, la acción judicial forma parte del camino que la CGT anticipó desde que comenzó a rechazar el proyecto.

Duras críticas al Gobierno

Durante la jornada también hablaron otros dirigentes. Jerónimo sostuvo que distintos sectores empiezan a cuestionar su respaldo a la ley y al Gobierno, al considerar que la norma “no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”.

Por su parte, Argüello cuestionó los datos oficiales sobre empleo mencionados por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y aseguró que, por el contrario, se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo. También calificó el discurso presidencial como “un show” sin precisiones sobre cómo se generará empleo.

Los argumentos contra la ley

En un extenso comunicado, la central obrera detalló los fundamentos de su planteo judicial. Sostiene que la reforma avanza sobre el carácter “protectorio” del derecho laboral y vulnera el principio de progresividad, que impide retrocesos en materia de derechos sociales.

La CGT argumenta que los problemas estructurales —pobreza, desempleo y precarización— no derivan de la legislación laboral vigente, sino de la falta de crecimiento e inversión productiva. En esa línea, vincula la reforma con un programa económico más amplio que, a su entender, profundizó la caída de la actividad y el empleo.

El planteo también señala una afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, especialmente en lo referido a la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical, además de advertir sobre posibles incompatibilidades con tratados internacionales.

Entre los puntos más cuestionados, la CGT enumera la habilitación de jornadas de hasta 12 horas, la eliminación de sanciones a empleadores que incumplan aportes, la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas a través de un fondo financiado con aportes de los trabajadores, la reducción de aportes a las obras sociales, la fragmentación de vacaciones y la promoción de convenios por empresa por sobre la negociación sectorial.

Con la ley ya sancionada, el frente sindical apuesta ahora a que sea la Justicia la que frene su aplicación. El conflicto, lejos de cerrarse en el Congreso, abre una nueva etapa en los tribunales.