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Escándalo: El impulsor de $LIBRA tenía un acuerdo reservado con Milei y vínculos directos con la Casa Rosada

Por infolitica

Hayden Davis no tenía previsto viajar a la Argentina en enero. Su agenda marcaba otros destinos y Sudamérica recién aparecía en el radar para marzo. Pero una comunicación directa desde Buenos Aires alteró los planes: el Presidente lo quería ver. El empresario cripto estadounidense aterrizó el 30 de enero, atravesó una city semivacía por el verano porteño y, apenas dos horas después de llegar a Ezeiza, ingresó a la Casa Rosada por uno de los accesos reservados para visitantes de alto nivel.

Davis llegó acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los lobistas que actuaron como puente con el entorno presidencial. Minutos después, también ingresó el entonces diputado José Luis Espert. La reunión con Javier Milei duró poco más de veinte minutos, quedó registrada oficialmente como un encuentro para “analizar tecnologías descentralizadas y blockchain” y tuvo un dato clave que recién ahora sale a la luz: ese día se firmó un acuerdo confidencial que designó a Davis como asesor ad honorem del Gobierno argentino.

El documento, redactado en español —idioma que Davis prácticamente no maneja—, lleva las firmas del empresario y del Presidente. Fue suscripto dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el proyecto que terminaría envuelto en denuncias judiciales en Argentina y Estados Unidos. El acuerdo se enmarca en las agitadas 38 horas que Davis pasó en el país, antes de regresar a Miami el viernes por la noche.

Durante esa breve estadía también se registraron transferencias millonarias en criptomonedas que hoy son objeto de investigación judicial. Según un informe oficial, billeteras vinculadas a Davis enviaron fondos a intermediarios locales el mismo día del encuentro en Casa Rosada, una coincidencia temporal que encendió las alarmas de la fiscalía.

No era la primera vez que Davis tenía acceso privilegiado al poder. Ya había visitado la Argentina en julio y noviembre de 2024, siempre autorizado por Karina Milei, y participó de encuentros con funcionarios y empresarios. En octubre fue uno de los protagonistas del Tech Forum en el Hotel Libertador, donde Milei fue orador central y luego mantuvo reuniones privadas con los organizadores. Según reconstrucciones periodísticas, en ese circuito Davis avanzó con la idea de impulsar proyectos de tokenización y contratos inteligentes aplicados al Estado.

El acuerdo firmado con Milei establece compromisos de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial, digitalización de documentos públicos, automatización administrativa y capacitación de funcionarios. Davis renuncia explícitamente a cobrar honorarios y se obliga a mantener confidencialidad absoluta. Sin embargo, el texto no explica cómo se articularían esos servicios ni qué mecanismos de control tendría el Estado sobre su rol.

La secuencia posterior es conocida: el 14 de febrero, desde Dallas, se lanzó el token $LIBRA. Veintitrés minutos después, Milei lo promocionó en su cuenta de X. El precio se disparó y, en menos de dos horas, se desplomó. Ante las sospechas de estafa, el Presidente borró el tuit y aseguró que desconocía los detalles del proyecto. Nunca explicó qué información recibió ni cómo llegó a difundir el contrato inteligente que permitía comprar la criptomoneda.

Las investigaciones avanzaron sobre el rastro del dinero. La fiscalía detectó pagos por casi 5,7 millones de dólares desde billeteras atribuidas a Davis, con escalas en intermediarios locales y presuntas “rampas de salida” para convertir cripto en efectivo. Entre los nombres bajo la lupa aparecen Novelli y Terrones Godoy, además de otros operadores que habrían comprado tokens con información privilegiada.

Diez meses después del estallido, el silencio domina el escenario. El Gobierno no respondió consultas sobre el acuerdo firmado en Casa Rosada. Davis tampoco habló públicamente. Los lobistas se limitaron a comunicados defensivos. En paralelo, hay dos causas judiciales abiertas, una en Nueva York y otra en Argentina, que buscan determinar si existieron pagos indirectos a funcionarios y cuál fue el verdadero rol del Presidente en el proyecto.

Mientras tanto, las únicas certezas emergen de los registros oficiales, los contratos reservados y las huellas digitales que dejó la operación $LIBRA. Todo lo demás sigue envuelto en un pacto tácito de silencio que, por ahora, nadie parece dispuesto a romper.

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