Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas apunta a omisiones en sus declaraciones juradas y sospecha de delitos graves. La Justicia ya ordenó nuevas pruebas.

El caso expone una escena incómoda en el corazón del sistema de control fiscal. El titular de Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, quedó en el centro de una investigación que pone en duda la transparencia de su propio patrimonio.

Bienes en Miami y una red de sociedades

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, pidió su indagatoria por omisión maliciosa en declaraciones juradas. Según el dictamen, Vázquez no habría declarado tres propiedades en Miami ni su participación en sociedades offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación describe una estructura de firmas —como “Alcorta Corp.” y “Pompeya Group Corp.”— utilizadas para adquirir inmuebles por más de 2 millones de dólares, con vínculos directos con el funcionario y su familia.

Números que no cierran y nuevas medidas

El expediente también advierte sobre una “manifiesta desproporción patrimonial” entre los ingresos declarados y las operaciones realizadas. En paralelo, se señalan maniobras con otra sociedad en Argentina que habría funcionado como pantalla para movimientos de fondos y compras de bienes.

Mientras el Gobierno intentó bajar el tono del caso, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó nuevas medidas de prueba, incluyendo pedidos de información a bancos internacionales, organismos públicos y autoridades extranjeras.

La investigación avanza sobre un funcionario cuya tarea es controlar lo que ahora se le cuestiona: el origen y la trazabilidad del dinero. Una contradicción que, por sí sola, ya empieza a hacer ruido.