Con respaldo de aliados y gobernadores, el oficialismo avanzó con una norma que desata polémica por su impacto ambiental.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la modificación de la Ley de Glaciares, una reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei que habilita la explotación minera en zonas periglaciares, hasta ahora protegidas por la normativa vigente desde 2010. La iniciativa fue respaldada por 137 legisladores, entre ellos representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
Un cambio que redefine la protección ambiental
La nueva ley elimina el criterio único y nacional que establecía qué áreas debían ser resguardadas, delegando esa potestad en las provincias. En la práctica, esto permitirá que cada jurisdicción defina qué zonas quedan habilitadas para actividades extractivas, incluso en territorios considerados sensibles desde el punto de vista ambiental.
Desde el oficialismo defendieron la reforma al señalar que la legislación anterior contenía “definiciones confusas” que restringían la actividad minera incluso en áreas donde, según su interpretación, no existían glaciares ni recursos hídricos a proteger.
Apoyo político y festejo oficial
El presidente Milei celebró la aprobación en redes sociales con un mensaje breve: “MAGA. VLLC”. En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió la sesión desde los palcos del Congreso, en una señal del peso político que el Gobierno le asignó a la votación.
Además, la Casa Rosada destacó el acompañamiento de gobernadores como Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, provincias con fuerte desarrollo minero.
Protestas, tensión y un debate abierto
La sesión estuvo atravesada por fuertes cruces dentro del recinto y movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, donde manifestantes rechazaron la reforma y denunciaron sus posibles consecuencias ambientales. Hubo represión policial y un clima de alta tensión durante toda la jornada.
Especialistas y organizaciones ambientales advierten que la modificación implica un retroceso en la protección de ecosistemas clave para la provisión de agua dulce, al habilitar actividades extractivas en áreas que funcionan como reserva hídrica.
Con la aprobación legislativa, el Gobierno consolida una de sus apuestas estratégicas en materia económica, pero abre al mismo tiempo un frente de conflicto ambiental y político que promete seguir escalando.
