Los directores de los centros de salud universitarios alertaron que la atención de pacientes está en riesgo. Desde Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, negaron el recorte y hablaron de “acusaciones falsas”.

La tensión escaló en pocas horas y dejó al descubierto una disputa que va más allá de lo presupuestario. Mientras los hospitales de la Universidad de Buenos Aires advierten por un escenario crítico, el Gobierno nacional salió a desmentir públicamente la situación y endureció el tono frente a las autoridades universitarias.

Una advertencia sanitaria que expone el conflicto

Directores de los hospitales universitarios brindaron una conferencia de prensa para denunciar la “acuciante” situación que atraviesan como consecuencia del desfinanciamiento. Según explicaron, en lo que va del año no recibieron los fondos de funcionamiento correspondientes al primer cuatrimestre, lo que compromete tanto la operatividad como la atención médica.

El impacto no es menor: estos centros de salud asisten a unas 700.000 personas por año. A eso se suma un deterioro salarial cercano al 50% para el personal, lo que profundiza la fragilidad del sistema. En ese marco, advirtieron que, de no revertirse la situación, en 45 días podrían dejar de funcionar.

La respuesta de Capital Humano y el rechazo al reclamo

Desde el Ministerio de Capital Humano, en línea con el gobierno de Javier Milei, rechazaron las denuncias y hablaron de “falsas acusaciones”. A través de un comunicado, aseguraron que se transfirieron mensualmente todos los créditos presupuestarios asignados por la Ley de Presupuesto 2026, incluyendo los destinados a salud.

Sin embargo, el propio Gobierno reconoció que la UBA había solicitado una ampliación presupuestaria de 75,3 mil millones de pesos para hospitales universitarios, pedido que fue rechazado. Según explicaron, ese monto representa el 94,5% del fondo total destinado a todo el sistema, lo que —sostienen— haría inviable la distribución equitativa entre instituciones.

El comunicado oficial elevó aún más la tensión al calificar como “inadmisible” que una universidad intente “apropiarse” de recursos del conjunto del sistema, en un cruce que ya dejó de ser técnico para volverse político.

En el medio, el sistema de salud universitario sigue funcionando con márgenes cada vez más ajustados, mientras el conflicto se desplaza entre cifras, comunicados y una urgencia que no parece encontrar respuesta inmediata.