El armador político de Karina Milei quedó salpicado por la compra en efectivo de un departamento en Puerto Madero a través de una cuenta bancaria oculta a la Oficina Anticorrupción, mientras regatea la cuota alimentaria de su hija.

La bandera de la transparencia y la lucha contra la casta volvió a hacerse pedazos en el seno del Gobierno nacional. Tras la escandalosa y costosa salida de Manuel Adorni del gabinete, la gestión libertaria enfrenta un nuevo caso de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito que involucra a Sebastián Pareja, el poderoso armador territorial de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Una serie de revelaciones judiciales y bancarias dejaron al descubierto un escandaloso entramado de dinero en efectivo, sociedades no declaradas y bienes de lujo en Puerto Madero que contradicen de forma directa la austeridad y la moral que el Poder Ejecutivo pregona ante una sociedad empobrecida.

La maniobra financiera que encendió las alarmas judiciales ocurrió en enero de este año, cuando se retiraron por caja 300.000 dólares de una sucursal del banco Santander ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, la madre del dirigente, Matilde Benzi, escrituró al contado un departamento de 133 metros cuadrados con cocheras en Puerto Madero por un valor total de 350.000 dólares. El dato que torna indefendible la operación es que la mujer no registra actividad laboral ni comercial en los últimos años, al igual que el padre del diputado, Miguel Ángel Pareja. Ambos progenitores tienen 80 años y carecen de ingresos que justifiquen semejante movimiento de divisas, lo que alimenta la certeza de que el armador oficialista utilizó a sus padres para ocultar compras millonarias mientras utiliza esa propiedad para su desplazamiento diario, manteniendo además una finca en el country La Amanecida, en Exaltación de la Cruz.

El mecanismo de ocultamiento patrimonial salió a la luz debido a la demanda promovida por su exesposa, Luciana Díaz, quien exige la actualización provisoria de la cuota alimentaria para la hija de ambos. En el marco de esa disputa, se accedió a resúmenes de cuenta del Banco Santander compartidos con sus padres que Pareja omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción. Al cierre de 2025, dicha cuenta presentaba un saldo de 15.880.972 pesos y 236.676 dólares, incluyendo 13 millones de pesos en plazos fijos y casi tres millones en acciones de YPF, nutridos por transferencias de origen desconocido a lo largo de todo el año. El contraste es escandaloso: en su declaración jurada oficial, Pareja apenas consignó 12.000 dólares en efectivo, 7.484 dólares en Uruguay y el 50% de un departamento de 80 metros cuadrados heredado y valuado en 38.500.000 pesos.

La polémica se profundiza al observar la conducta del funcionario en el plano personal y judicial. Pese a manejar millones de pesos no declarados, desempeñarse como titular del estudio Pareja y Asociados, dar clases en la Universidad de Lomas de Zamora, mantener un cargo en la planta permanente del Senado de la Nación y haber obtenido licencia como senador provincial para sumarse al Gobierno, el dirigente excusó su falta de ingresos estables alegando que sus puestos son políticos. En un gesto de extrema miseria contractual, el armador libertario solicitó formalmente a la Justicia que se compute la cuota de socia del club San Lorenzo que le paga a su hija como parte del haber alimentario, mientras abona el plan más bajo de OSDE, la escolaridad en Capitán Sarmiento y la mitad de sus actividades extracurriculares. El episodio deja expuesta la doble moral de una conducción gubernamental que tolera la opacidad financiera de sus operadores mientras somete al conjunto social a un severo régimen de privaciones.