El Gobierno avanza en silencio pero con decisión sobre uno de los capítulos más sensibles del ajuste: las tarifas de luz, gas y garrafas.
A partir del 1° de enero, más de 7 millones de familias quedarán directamente fuera de cualquier esquema de subsidios. La movida, presentada como un proceso de “focalización” del gasto público, en realidad consolida un giro que empuja el costo de los servicios públicos hacia los hogares mientras la administración nacional busca achicar el déficit a toda velocidad.
La arquitectura del sistema tarifario se resetea. La histórica segmentación —que diferenciaba entre ingresos bajos, medios y altos— será desmantelada para dar paso a un modelo binario: usuarios subsidiados y usuarios sin subsidio. En ese corte abrupto, el Estado define como “familias de altos ingresos” a quienes superen un umbral equivalente a tres canastas básicas: unos $3,6 millones mensuales por hogar. También quedan excluidos quienes tengan más de tres vehículos nuevos, múltiples propiedades o bienes considerados “suntuosos”. El Gobierno calcula que allí están los 7,5 millones de hogares que pasarán a pagar el costo pleno de la energía.
El resto —unos 9,1 millones— mantendrá parte de la asistencia, pero con cambios profundos. Los bloques de consumo subsidiados se redefinirán a la baja: habrá un tope de 300 kWh mensuales en verano e invierno, pero solo 150 kWh en otoño y primavera. Encima, el descuento también se irá achicando: arrancará en una bonificación del 75% en enero y terminará en torno al 50% para diciembre, según la propia proyección oficial. Los hogares que queden fuera del esquema pagarán el costo real de generación, hoy calculado en US$ 75 por MWh.
En paralelo, el gas tendrá un único precio mayorista durante todo el año: US$ 3,80 por millón de BTU, un valor que implica un incremento inmediato para los meses de menor consumo. Para los usuarios con subsidios, el Estado absorberá la mitad del costo entre abril y septiembre. Aun así, el impacto en las boletas será inevitable: el propio Gobierno admite que 2026 llegará con aumentos sostenidos en ambos servicios, incluso con el “aplanamiento” estacional que se introduce en esta reforma.
El objetivo fiscal está claramente explicitado: reducir los subsidios energéticos de 0,65% del PBI a 0,5%, un ahorro aproximado de US$ 1.000 millones. Lo que no aparece en primer plano es el efecto distributivo: un recorte que, bajo la narrativa de la eficiencia y la transparencia, vuelve a trasladar a los hogares la responsabilidad de sostener el ajuste. Mientras tanto, la consulta pública será online y exprés, y los cambios se aplicarán de inmediato con el Año Nuevo: un calendario que muestra que la decisión política ya está tomada.
Las estimaciones oficiales prometen que, aun con los aumentos, la mayoría de los hogares pagará cifras “manejables”. Pero detrás de esas proyecciones se esconde la misma tensión que atraviesa todo el programa económico: un modelo que busca equilibrio fiscal a cualquier costo, en un país donde la capacidad real de pago de las familias se erosiona cada mes. Aquí también, el ajuste avanza más rápido que los ingresos.
