Presentaciones del abogado Pablo Llonto reactivaron una causa clave para determinar qué ocurrió con la documentación de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fundamental para conocer el destino de las víctimas del terrorismo de Estado y las responsabilidades de los grupos de tareas durante la última dictadura
A casi 50 años del golpe de Estado de 1976, la justicia federal vuelve a poner la lupa sobre uno de los engranajes centrales del terrorismo de Estado: los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Una serie de presentaciones del abogado Pablo Llonto reactivó la investigación para determinar qué ocurrió con la documentación producida durante la última dictadura, clave para conocer el destino de las víctimas y las responsabilidades de los grupos de tareas.
Jorge Rafael Videla definía al régimen como una “guerra de inteligencia”, una frase que expone el rol decisivo que tuvieron los servicios de espionaje en la identificación, persecución y desaparición de personas. Parte de ese aparato se nutrió de información obtenida bajo tortura, infiltraciones y seguimientos, especialmente desde áreas como la inteligencia de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Sin embargo, gran parte de esos registros nunca aparecieron.
Llonto sostiene que el hallazgo de esos documentos permitiría establecer el lugar de cautiverio de cada secuestrado, su destino final y la cadena de mandos responsable. En ese sentido, recordó que hacia el final de la dictadura se dictaron órdenes explícitas para eliminar pruebas. En octubre de 1983, Reynaldo Bignone firmó un decreto que “daba de baja” antecedentes de personas detenidas ilegalmente y, un mes después, Cristino Nicolaides ordenó la incineración de archivos del Ejército. Pese a ello, existen testimonios que indican que parte del material fue microfilmado y conservado.
Algunos episodios refuerzan esa hipótesis. Un suboficial del Batallón de Inteligencia 601 aportó documentos a la Conadep que probaban la planificación de secuestros como los de la Noche de los Lápices. También surgieron denuncias sobre incendios sospechosos en dependencias militares durante los años 90, donde funcionaban áreas de inteligencia.
Las presentaciones de Llonto alcanzan además a la Armada y a la SIDE. En democracia, la Marina envió al Poder Judicial fichas secretas sobre víctimas de la ESMA, incluso con seguimientos posteriores a 1983. A su vez, relevamientos en archivos oficiales detectaron cajas con documentación clasificada, aunque sin inventarios claros.
La eliminación de equipos estatales dedicados a analizar estos archivos y la falta de avances en la desclasificación anunciada por el Gobierno profundizan las dudas. Para los organismos de derechos humanos, la apertura total de esos registros sigue siendo una deuda clave para reconstruir la verdad y garantizar memoria, justicia y reparación.
