El gobierno de la Provincia respaldó la constitucionalidad de la Ley de Presupuesto que protege los aportes de las empresas estatales en el IPS. Denuncian que la demanda de la Casa Rosada busca confiscar fondos provinciales y romper los consensos históricos de la seguridad social.
En una firme defensa del federalismo y de los recursos de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, la gestión liderada por Axel Kicillof salió a neutralizar el embate judicial del Gobierno nacional, que pretende manotear los aportes patronales bonaerenses para engrosar las arcas de la ANSES. Tras haber plantado bandera con ocho demandas previas en la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento de los giros adeudados por la Nación, la administración provincial ratificó la plena vigencia de la Ley de Presupuesto 2026, una norma de carácter soberano votada por la Legislatura que garantiza el financiamiento del Instituto de Previsión Social (IPS).
El conflicto escaló luego de que la Procuración del Tesoro de la Nación presentara una medida cautelar ante el máximo tribunal del país con el objetivo de suspender el artículo 59 de la ley bonaerense. Dicho apartado establece que las empresas estatales radicadas en la provincia deben girar de forma obligatoria las cargas sociales de sus empleados directamente a la caja previsional local. La medida no solo asegura la sustentabilidad del sistema jubilatorio bonaerense, sino que corta de raíz la sangría de millones de pesos mensuales que el Ejecutivo central pretende absorber de manera centralista.
Un derecho legítimo avalado por los antecedentes del sistema
El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, fue el encargado de poner en palabras la postura oficial y desarmar el débil andamiaje técnico de la presentación libertaria. El funcionario detalló que los fondos en disputa corresponden a trabajadores de firmas que integran el patrimonio del Estado provincial, por lo que es de estricta justicia legal y territorial que los aportes tributen en la caja de su propio distrito para consolidar jubilaciones fuertes y dignas bajo la órbita bonaerense.
Bianco desenmascaró además la flagrante contradicción doctrinaria en la que incurre la actual conducción de la ANSES al judicializar la medida. Según precisó el jefe de la cartera política bonaerense, el organismo nacional históricamente convalidó, en numerosos antecedentes similares en todo el país, que las corporaciones y entes subnacionales deriven sus contribuciones a los regímenes previsionales de sus respectivas provincias. La repentina objeción nacional expone que el único móvil de la Casa Rosada es la mera voracidad recaudatoria en detrimento del bienestar de los bonaerenses.
La asfixia política como única estrategia de gestión
Desde los despachos de La Plata interpretan este contraataque judicial como un eslabón más dentro del plan de ahogo financiero y persecución institucional orquestado por el Gobierno nacional contra el principal polo productivo de la Argentina. Para la gestión de Kicillof, la demanda ante la Corte es la respuesta política ante la resistencia de la Provincia a aplicar el modelo de ajuste salvaje sobre sus jubilados y pensionados.
Esta política de hostigamiento sistemático ya se había manifestado en otras áreas críticas de la administración cotidiana, incluyendo la intencional demora gubernamental en otorgar las firmas de aval técnico indispensables para que la provincia de Buenos Aires pueda ejecutar créditos internacionales destinados a obras de infraestructura y desarrollo social. Con los puentes de diálogo dinamitados debido a la falta de interlocución por parte de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete de la Nación, la Provincia se planta con firmeza jurídica y política para blindar el salario diferido de sus trabajadores frente a la discrecionalidad centralista.
