Acusan al Ejecutivo de ceder soberanía informacional del Atlántico Sur y de alienar los recursos estratégicos a la agenda bélica de Donald Trump.

El entramado de sumisión geopolítica de la Casa Rosada cruzó una línea roja judicial. El presidente Javier Milei, su canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, fueron denunciados penalmente en los tribunales de Comodoro Py, acusados de violar sistemáticamente la Constitución Nacional, cometer abuso de autoridad y, de manera subsidiaria, incurrir en el gravísimo delito de Traición a la Patria.

La acusación, impulsada por el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat, recayó en el Juzgado Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, bajo el expediente 3303/2026. La presentación judicial arroja luz sobre una maniobra alarmante: el Poder Ejecutivo utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (el DNU 264/2026) para puentear al Congreso de la Nación y permitir el ingreso de tropas de los Estados Unidos para realizar ejercicios militares en aguas y territorio argentino, un acto explícitamente prohibido por la Carta Magna sin aval legislativo.

“Daga Atlántica” y el USS Nimitz: espionaje y entrega de soberanía en el Atlántico Sur

La denuncia detalla que bajo el amparo del DNU presidencial se ejecutaron dos operativos de envergadura: el ejercicio “DAGA ATLÁNTICA” (desarrollado entre Puerto Belgrano, Córdoba y la base aérea de Moreno) y el “Ejercicio PASSEX” en la Zona Económica Exclusiva. Lejos de ser simples prácticas de rutina, los operativos funcionaron como la entrega de secretos militares a una potencia extranjera. El PASSEX, de hecho, se montó en torno al portaaviones nuclear norteamericano USS Nimitz, convirtiendo el Mar Argentino en la sede de un “Estado Mayor Multinacional” comandado por el contraalmirante Carlos Sardiello, jefe de la Cuarta Flota de los Estados Unidos.

El trasfondo más peligroso de la denuncia apunta a la cesión de soberanía informacional. Paralelamente a los ejercicios, la Armada Argentina firmó una “Carta de Intención” con el Comando Sur bajo el difuso concepto de “Protección de Bienes Comunes Globales”. Los denunciantes advierten que aplicar esta categoría al Mar Argentino diluye la jurisdicción soberana del país y le regala a Washington —y por carácter transitivo a la OTAN, alianza que integra el Reino Unido— acceso irrestricto a datos estratégicos: patrones de navegación, rutas logísticas, potencial hidrocarburífero y operaciones antárticas. Todo esto blindado bajo un estricto “secreto militar” para ocultar los contratos de compra de drones y sistemas de vigilancia a la administración de Donald Trump.

De los ejercicios en el mar al “escenario táctico real”

La opacidad oficial comenzó a resquebrajarse cuando el propio Ministerio de Defensa admitió en un comunicado que delegaciones de la Embajada de EE.UU. supervisaron en la Base Baterías “actividades de combate urbano y tiro en escenarios tácticos reales”. En los fundamentos de la denuncia, Marino es tajante:

“Un escenario táctico real supone un teatro de operaciones, un adversario y una finalidad que el Gobierno oculta. No es adiestramiento doméstico; es la integración doctrinaria y de mando de las fuerzas argentinas a la estructura militar de los Estados Unidos y la OTAN, ejecutada a espaldas del Parlamento”.

Ante la gravedad institucional de los hechos, desde otros sectores de la oposición ya se empieza a calibrar el termómetro político más allá de la vía penal. El economista Claudio Lozano (Unidad Popular) disparó las alarmas al plantear la necesidad de activar los mecanismos para un juicio político contra la cúpula gobernante (Milei y Victoria Villarruel), denunciando un proceso de “ocupación territorial” norteamericana sobre el Atlántico Sur y la vía troncal del río Paraná, mientras la agenda política local se distrae con las elecciones del año próximo.

El peligro de la “Pax Sílica”: ciberespionaje masivo y la sombra de Palantir

La denuncia penal conecta estos ejercicios militares con una estrategia de alineamiento bélico global más profunda y oscura, que incluye los viajes presidenciales a Israel y la firma de los denominados “Acuerdos de Isaac”. Según el texto judicial, los tratados de cooperación en seguridad e Inteligencia Artificial (IA) esconden el desembarco en el país de una arquitectura de vigilancia masiva.

El cierre de este peligroso círculo geopolítico es la incorporación de la Argentina a la “PAX Sílica”, una iniciativa de Donald Trump para monopolizar la cadena de valor de la IA puesta al servicio de la maquinaria de guerra de Silicon Valley. La denuncia alerta que magnates tecnológicos como Peter Thiel (dueño de Palantir, la corporación proveedora del software bélico de vigilancia utilizado por Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza) ya operan desde las sombras para quedarse con la infraestructura tecnológica local, los recursos de Arsat y la instalación de centros de datos de inteligencia artificial en territorio nacional.